Dos inspectores fronterizos de Estados Unidos, asignados al cruce internacional más transitado del país, enfrentan cargos federales tras ser acusados de aceptar sobornos para permitir el ingreso de personas sin documentos a través del puerto de entrada de San Ysidro, en California. De acuerdo con una denuncia penal revelada por fiscales estadounidenses, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Farlis Almonte y Ricardo Rodríguez, permitieron que decenas de vehículos cruzaran sin someterse a controles migratorios.
Los oficiales, quienes estaban asignados a cabinas de inspección migratoria en la garita de San Ysidro, fueron vinculados a redes de tráfico de personas mediante el análisis de mensajes en sus teléfonos celulares y depósitos bancarios que no pudieron justificar. Según el documento judicial, ambos intercambiaron comunicaciones con traficantes de migrantes en México, lo que permitió a las autoridades rastrear su participación en estas operaciones.
La investigación también reveló grabaciones de video en las que se observa cómo uno de los vehículos se detiene en el punto de revisión, con dos ocupantes a bordo, pero solo uno de ellos queda registrado oficialmente como ingresado al territorio estadounidense, según los fiscales. Este y otros elementos llevaron a la presentación de cargos por corrupción y violaciones a las leyes migratorias.
Relación con traficantes mexicanos y flujos de dinero no justificados alertaron a las autoridades
Las autoridades estadounidenses comenzaron a seguir la pista de Almonte y Rodríguez después de que tres personas involucradas en el tráfico de migrantes, detenidas el año pasado, confesaran haber trabajado con agentes fronterizos estadounidenses. Este testimonio activó una investigación que permitió a los fiscales federales establecer una conexión directa entre los inspectores y las redes de tráfico operando desde México.
De acuerdo con la denuncia penal, los agentes recibían miles de dólares por cada vehículo que autorizaban a cruzar sin realizar la verificación correspondiente. Los fiscales indicaron que Rodríguez y Almonte habrían participado en múltiples actos de esta naturaleza, facilitando el cruce de decenas de vehículos con personas sin documentos.
Los investigadores también encontraron evidencia financiera clave. En el caso de Almonte, mientras se encontraba bajo custodia, se incautaron cerca de 70 mil dólares en efectivo que presuntamente su pareja sentimental intentaba trasladar a la ciudad de Tijuana. Esta operación llevó a los fiscales a considerar cargos adicionales por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, según informó The San Diego Union-Tribune.
El caso revela una tendencia reciente de corrupción entre oficiales fronterizos en el sur de California
La acusación contra Almonte y Rodríguez se suma a una serie de casos recientes que han implicado a oficiales de la CBP en el área de San Diego. En los últimos dos años, al menos cinco agentes han enfrentado cargos similares relacionados con sobornos, tráfico de personas o ingreso ilegal de mercancías.
Uno de los casos más graves fue el del exinspector fronterizo Leonard Darnell George, sentenciado en 2023 a 23 años de prisión tras ser hallado culpable de recibir sobornos para facilitar el ingreso de personas y vehículos cargados con drogas a través del mismo cruce fronterizo de San Ysidro. Asimismo, otros dos exagentes asignados a los puertos de entrada de Otay Mesa y Tecate enfrentan cargos similares y se espera que sus juicios comiencen en verano, según Associated Press.
Estos casos han generado preocupación sobre los mecanismos de supervisión internos en los puntos de entrada más concurridos del país y sobre el potencial que tienen los grupos de tráfico de personas para infiltrarse en los sistemas de control fronterizo mediante el soborno de funcionarios.
La defensa alega presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial
Hasta el momento, no se ha confirmado si Farlis Almonte cuenta con representación legal. Por su parte, el abogado de Ricardo Rodríguez, Michael Hawkins, declaró que el proceso apenas comienza y subrayó que su cliente “goza de la presunción de inocencia”. En un mensaje enviado por correo electrónico, Hawkins describió a Rodríguez como una persona “trabajadora y leal”, y agregó que espera resolver la situación judicial a través de los canales legales correspondientes.
Ni la CBP ni el Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a los agentes fronterizos, han emitido declaraciones públicas sobre el caso. De acuerdo con Associated Press, el sindicato no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
El fiscal federal interino Andrew Haden declaró que “cualquier agente de Aduanas y Protección Fronteriza que colabore o haga la vista gorda ante los traficantes de personas que ingresan a inmigrantes sin documentos a Estados Unidos está traicionando su juramento y poniendo en riesgo la seguridad nacional”, según citó The San Diego Union-Tribune.
La investigación continúa bajo la jurisdicción de la fiscalía federal en el Distrito Sur de California, y no se descarta la posibilidad de que se presenten cargos adicionales conforme se revisen más evidencias relacionadas con la red de tráfico y los movimientos financieros de los acusados.
