Veintidós personas fueron acusadas formalmente en el Distrito Sur de California por presunta participación en una red de tráfico de drogas con conexiones directas con el cártel mexicano de los Beltrán Leyva, según informó el 20 de marzo la Oficina del Fiscal Federal para dicha jurisdicción (U.S. Attorney’s Office, Southern District of California).
De acuerdo con el comunicado oficial, los imputados estarían involucrados en el tráfico transfronterizo de más de una tonelada de drogas ilícitas, entre ellas metanfetamina, fentanilo y cocaína, además del lavado de activos y la tentativa de exportación de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.
La operación, que incluyó detenciones simultáneas en los estados de California, Arizona, Iowa y Colorado, fue coordinada por más de 150 agentes de agencias federales, estatales y locales. Durante el operativo fueron detenidos diez sospechosos y se ejecutaron seis órdenes de registro en el condado de Imperial, mientras que otros doce permanecen prófugos, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.
Según los documentos judiciales y las órdenes de registro, la organización desmantelada operaba en Mexicali, Baja California, y en el condado de Imperial, California, como una célula de distribución vinculada a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como operador del cártel de los Beltrán Leyva. Las autoridades recopilaron evidencia a través de operaciones encubiertas, intercepciones telefónicas autorizadas, decomisos en viviendas y vehículos, y vigilancia de transacciones, de acuerdo con la misma fuente.
Durante la investigación, se confiscaron más de 1,000 kilogramos de narcóticos, incluyendo más de 750 kilogramos de fentanilo, equivalente a aproximadamente 1.6 millones de pastillas, además de metanfetamina y cocaína. También se incautaron diez armas de fuego y más de 250,000 dólares en ganancias atribuibles al narcotráfico, informó Homeland Security Investigations (HSI), agencia que lideró las pesquisas en coordinación con otras entidades.
Uno de los decomisos más relevantes tuvo lugar el 23 de enero de 2023, cuando agentes interceptaron conversaciones telefónicas relacionadas con el traslado de pastillas de fentanilo en un tractocamión. Posteriormente, durante un operativo de tránsito, se localizaron ocho bolsas deportivas con 148.53 kilogramos de fentanilo en el remolque del vehículo, según consta en las órdenes judiciales citadas por la fiscalía.
En otro incidente ocurrido el 9 de mayo de 2023, las autoridades confiscaron aproximadamente 48.30 kilogramos de fentanilo, equivalentes a 483,000 pastillas, luego de interceptar comunicaciones entre miembros de la red que coordinaban el traslado en un camión, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
Dos semanas después, el 25 de mayo de 2023, se decomisaron 72.29 kilogramos de metanfetamina, 48.6 kilogramos de fentanilo (alrededor de 480,000 pastillas) y una pistola semiautomática calibre 9mm con una ronda en la recámara y un cargador de 10 balas, en otro tractocamión intervenido tras seguimiento y vigilancia por parte de agentes federales, indicó la Oficina del Fiscal Federal.
El 9 de octubre de 2023, agentes incautaron aproximadamente 139,000 pastillas de fentanilo y 36.66 kilogramos de metanfetamina, tras observar a presuntos integrantes de la red mientras descargaban narcóticos, detalló Homeland Security Investigations en San Diego.
En un operativo adicional realizado el 14 de marzo de 2024, un oficial de policía en Brawley detuvo un vehículo donde se hallaron 59.48 kilogramos de metanfetamina, según consta en los registros de la investigación.
Durante el curso de la operación, también fueron incautadas armas destinadas presuntamente a traficantes de drogas en Mexicali. El 3 de agosto de 2023, agentes descubrieron dos rifles semiautomáticos AR-15 chapados en oro ocultos dentro de un asador de 55 galones. Además, se confiscaron dos rifles, dos pistolas, siete cargadores y 2,182 cartuchos de munición, precisó el comunicado oficial del Departamento de Justicia.
Cinco de los imputados tienen antecedentes por delitos migratorios, entre ellos contrabando de personas, venta u ofrecimiento de visas y asistencia para el ingreso ilegal de extranjeros a Estados Unidos, de acuerdo con los registros judiciales presentados por la fiscalía.
Los acusados enfrentan diversos cargos federales, incluyendo conspiración para distribuir sustancias controladas bajo el Título 21 del Código de EE.UU., que conlleva una pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares; conspiración para el lavado de dinero bajo el Título 18, con una pena de hasta 20 años de prisión y multa de 500,000 dólares; y tentativa de transferencia de armas de fuego con fines de narcotráfico, castigada con hasta 15 años de cárcel y una multa de 250,000 dólares, según la información proporcionada por la Oficina del Fiscal Federal.
Los imputados identificados incluyen a ciudadanos mexicanos y estadounidenses, con edades comprendidas entre los 19 y 70 años. Entre ellos figuran Irving Alberto López Valdés (36), Raúl Salomé Valdez-Orduno (46), Jesús Damián Lizárraga Sánchez (28), Elizabeth Millán (46), Brandon García (27), Ricardo Miramontes Nava (35), Jacob Rodiles (21), Roberto Fernández (70), Raúl Martínez Jiménez (56), Julián Bañuelos (19) y Alain Alejandro Robles-Murrieta (19). Siete acusados adicionales no fueron identificados por estar actualmente prófugos, según registros judiciales citados por la fiscalía.
Esta operación forma parte de una investigación desarrollada bajo el programa Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), una estrategia federal que busca desmantelar organizaciones criminales de alto nivel mediante un enfoque liderado por fiscales, basado en inteligencia, y que involucra múltiples agencias, detalló el Departamento de Justicia.
El caso también está vinculado a la iniciativa Operation Take Back America, impulsada por el Departamento de Justicia, que concentra recursos para combatir redes del crimen transnacional, organizaciones de narcotráfico y delitos relacionados con migración, en coordinación con el programa High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA), administrado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), según el mismo comunicado.
Agencias participantes en la investigación incluyen a HSI (Calexico, Riverside, Denver, Yuma y Sioux City), la DEA (Imperial County y Phoenix), el FBI (Imperial County), la Patrulla Fronteriza (Sector El Centro), ICE, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., además de los departamentos de policía de Calexico, El Centro y Brawley, y la Oficina del Fiscal del Condado Imperial, entre otras entidades estatales y locales.
