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En Denver, Colorado, una redada de inmigración en un complejo de apartamentos ha ocasionado un efecto dominó en las escuelas locales. Provocando que decenas de estudiantes dejaran de asistir a clases tras el operativo, lo que llevó al distrito escolar a presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional. Este caso es solo una muestra del creciente impacto que las políticas migratorias del expresidente Donald Trump están teniendo en las comunidades escolares de todo el país.
De acuerdo con la demanda presentada por las escuelas públicas de Denver, la redada no solo afectó la asistencia escolar, sino que también desvió recursos esenciales de la misión educativa para atender las necesidades emocionales y legales de los estudiantes y sus familias. El distrito, que recibió a 43.000 inmigrantes provenientes de la frontera sur el año pasado, ha visto una disminución en la asistencia en las escuelas con mayor concentración de niños inmigrantes.
La desinformación causa pánico entre las comunidades
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Recientemente, en Fresno, California, los rumores sobre supuestas redadas de inmigración, han provocado miedo entre los padres, aunque las autoridades han confirmado que estas alertas han sido falsas. Según detalló el medio, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha registrado una disminución diaria de entre 700 y 1.000 estudiantes desde que Trump asumió el cargo. Carlos Castillo, jefe de diversidad, equidad e inclusión del distrito, explicó a AP que el temor no solo afecta a los estudiantes sin estatus legal, sino también a aquellos con ciudadanía estadounidense que temen por sus familiares y amigos que temen por sus familiares y amigos.
En Alice, Texas, la desinformación también ha jugado un papel crucial. Funcionarios escolares informaron erróneamente a los padres que agentes de la Patrulla Fronteriza podrían abordar autobuses escolares para verificar el estatus migratorio de los estudiantes. Aunque esta información resultó ser falsa, el daño ya estaba hecho, incrementando la ansiedad entre las familias.
Familias enfrentan decisiones difíciles ante el temor a redadas
También se reportó el caso de Angelib Hernández, residente de Aurora, Colorado, quien decidió dejar de llevar a sus hijos a la escuela por miedo que agentes de inmigración los detuvieran.
Hernández, quien llegó al país hace un año y solicitó asilo, expresó que los cambios en las políticas migratorias han puesto en riesgo su estatus legal y han intensificado sus temores. “Me han dicho: ‘Ojalá nunca nos detengan solos’”, comentó a AP, refiriéndose a las palabras de sus hijos.
Este tipo de situaciones no solo afecta la educación de los niños, sino también su bienestar emocional. Según Castillo, en Fresno, un director de escuela llegó a llorar tras ayudar a una familia que tenía miedo incluso de salir a comprar alimentos. El distrito ha implementado medidas para apoyar a las familias, como brindar asesoramiento legal, informar sobre derechos y organizar reuniones comunitarias, algunas de ellas virtuales.
Propuestas legislativas buscan limitar el acceso a la educación

Mientras las comunidades escolares lidian con el impacto de las políticas migratorias, algunos legisladores republicanos han propuesto medidas que podrían restringir aún más el acceso a la educación para los niños inmigrantes.
En Oklahoma, el superintendente estatal republicano Ryan Walters impulsó una norma que habría requerido a los padres presentar pruebas de ciudadanía para inscribir a sus hijos en las escuelas. Aunque la norma fue vetada por el gobernador republicano Kevin Stitt, los defensores de los derechos de los inmigrantes señalaron que esta medida habría desalentado a muchas familias de inscribir a sus hijos.
En Tennessee, legisladores republicanos han presentado un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares decidir si aceptan o no a estudiantes sin estatus legal. Según el medio, esta propuesta busca desafiar un precedente legal de hace cuatro décadas que garantiza el derecho de todos los niños en Estados Unidos a recibir una educación pública.