La industria de la comida chatarra, bajo presión con los cambios en el gobierno de EEUU

La administración del presidente electo Donald Trump considera implementar regulaciones sobre los alimentos ultraprocesados, una categoría que representa el 70% del suministro alimentario en Estados Unidos, según CBS News. La iniciativa cuenta con el re spaldo de varios miembros del equipo de transición, incluido Robert F. Kennedy Jr., nominado para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El concepto de “alimentos ultraprocesados” abarca productos con aditivos industriales, grasas, azúcares añadidos y conservantes, como bebidas gaseosas, cereales azucarados y comidas congeladas. Investigaciones han asociado su consumo con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y trastornos cardiovasculares, de acuerdo con el informe presentado en diciembre de 2024 ante el Comité del Senado sobre Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, según CBS News.

La posible regulación ha generado un debate entre legisladores, la industria alimentaria y organizaciones de salud pública. Mientras algunos sectores sostienen que estas medidas podrían mejorar los indicadores de salud en el país, representantes de la industria advierten sobre posibles impactos económicos y en la libertad de elección de los consumidores.

Kennedy ha planteado la eliminación de estos productos en los comedores escolares y restricciones a ingredientes como colorantes artificiales en cereales infantiles. Su enfoque ha generado apoyo entre sectores que tradicionalmente favorecen políticas de salud pública.

El Congreso también ha abordado el tema. En 2024, el senador Bernie Sanders presentó un proyecto de ley que busca prohibir la publicidad de comida chatarra dirigida a menores y establecer una campaña nacional de concienciación. La iniciativa fue respaldada por los senadores Ron Johnson, Cory Booker, Peter Welch y John Hickenlooper, de acuerdo con CBS News.

El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Robert Califf, advirtió en diciembre que las empresas alimentarias han desarrollado productos que estimulan circuitos neuronales similares a los de la adicción a opioides. Durante una audiencia en el Senado, solicitó mayores fondos para investigar los efectos de los ultraprocesados en la salud pública, según CBS News.

La industria alimentaria ha manifestado su oposición. La Consumer Brands Association, que representa a fabricantes de alimentos y bebidas, argumentó que clasificar productos como “no recomendados” por su nivel de procesamiento podría generar confusión entre los consumidores. Su vicepresidenta de políticas, Sarah Gallo, declaró que este tipo de regulaciones “exacerban las disparidades en salud”.

Las empresas del sector han incrementado su gasto en cabildeo. En 2024, compañías como Tyson Foods y Nestlé destinaron USD 26.7 millones para influir en políticas alimentarias, según datos de OpenSecrets. En 1998, la cifra era de USD 10 millones, de acuerdo con CBS News.

Los litigios contra la industria han aumentado. En diciembre, Bryce Martinez, un joven de 18 años, demandó a fabricantes como Kraft Heinz, Coca-Cola y Nestlé USA, alegando que el consumo prolongado de ultraprocesados contribuyó a su diagnóstico de diabetes y enfermedad hepática. Su demanda, presentada en la Corte de Filadelfia, argumenta que las compañías “sabían o debían saber” sobre los efectos adversos de sus productos. Firmas de abogados en Indiana y Texas han iniciado investigaciones para evaluar demandas similares.

El caso de Martinez se basa en documentos revelados durante litigios contra la industria tabacalera, que enfrentó demandas similares antes del acuerdo de USD 206 mil millones en 1998. Rene Rocha, abogado de Morgan & Morgan, señaló que las estrategias de marketing de los fabricantes de ultraprocesados “siguen el mismo patrón” que las de la industria del tabaco, con campañas dirigidas a menores y minorías, de acuerdo con CBS News.

La viabilidad de las restricciones propuestas dependerá del respaldo político y financiero. A diferencia del sector farmacéutico, que financia a la FDA mediante tarifas de usuario, la división de alimentos de la agencia opera con un presupuesto más limitado asignado por el Congreso. En 2023, la FDA revocó la autorización del aceite vegetal bromado, pero el proceso tomó más de 50 años desde que el compuesto fue declarado “no seguro” en 1970, según CBS News.

El Partido Republicano, que controla la Cámara de Representantes, históricamente ha favorecido la reducción de regulaciones federales. Kennedy, si es confirmado como secretario de HHS, deberá negociar con legisladores que han promovido políticas menos restrictivas en el pasado. Durante su mandato anterior, Trump optó por un enfoque contrario a la regulación, promoviendo la comida rápida incluso en eventos oficiales en la Casa Blanca.

Expertos en salud pública sostienen que las decisiones del gobierno federal en esta materia podrían tener implicaciones significativas. “Eliminar ciertos ultraprocesados de la dieta podría reducir la tasa de obesidad más rápido de lo que se piensa”, dijo Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en una conferencia organizada por la Heritage Foundation en diciembre.

El debate sobre los ultraprocesados se ha intensificado en medio de un panorama de salud pública marcado por el aumento de enfermedades crónicas. Estados Unidos tiene la tasa más alta de obesidad y enfermedades crónicas entre los países de altos ingresos, de acuerdo con datos citados en el Congreso. “Es preocupante que cada vez más jóvenes lleguen a la adultez con enfermedades crónicas”, declaró Jerold Mande, exsubsecretario de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura.