Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

En España, cerca de cuatro millones de personas se encuentran en situación de “privación material y social severa”. Esta expresión, más allá de la terminología técnica, refleja la realidad de quienes no pueden hacer frente a gastos habituales y actividades que para otros son parte de la normalidad: mantener la vivienda a una temperatura adecuada, solventar un imprevisto económico, alimentarse bien o disfrutar de unas vacaciones. La Encuesta de Condiciones de Vida lo define con claridad: se trata de personas y hogares que no pueden permitirse al menos siete de trece necesidades consideradas esenciales para una vida digna, desde productos básicos hasta acceso a relaciones sociales.

El dato más reciente de Eurostat, correspondiente a 2024, sitúa la tasa de privación material y social severa en el 8,3% de la población, tras un descenso respecto al 9% alcanzado el año anterior. Pese a esta ligera mejoría, el porcentaje sigue por encima del nivel registrado antes de la pandemia —un 7,7% en 2019—, dejando claro que los efectos de la crisis sanitaria y sus secuelas económicas continúan proyectándose sobre parte de la sociedad.

Uno de los aspectos más destacados que arrojan los datos y que explica Funcas en su blog es la persistente brecha generacional en la afectación de la privación material y social severa. Este indicador no golpea a todos por igual: las familias jóvenes, sobre todo las que tienen menores dependientes, encabezaban en 2024 los niveles más altos de privación en toda la Unión Europea. Resulta especialmente alarmante el caso de los hogares monoparentales, donde el 16,4% de sus miembros enfrenta privaciones severas, casi el doble de la media europea en esta categoría, cifrada en un 8,3%.

Este grupo, mayoritariamente compuesto por mujeres con hijos a cargo, se identifica en los informes como uno de los más vulnerables. Las causas son múltiples: salarios bajos, dificultades para conciliar el trabajo y el cuidado familiar, empleos de naturaleza precaria y una menor cobertura de medidas de protección social dirigidas a estos núcleos familiares. Los hogares formados por dos adultos con menores a cargo también presentan cifras preocupantes de privación material en comparación con otros países de la Unión Europea. En España, el riesgo de exclusión y las dificultades para afrontar la crianza se ven intensificadas por la rigidez del mercado laboral y la escasez de políticas específicas de apoyo.

A la inversa, los mayores de 65 años disfrutan de una situación mucho más favorable. Entre los pensionistas que conviven en pareja, la tasa de privación material y social severa (4,1%) es prácticamente idéntica a la del conjunto de la Unión Europea, y entre quienes viven solos incluso baja al 5,2%, frente al 7,2% europeo. Estas cifras revelan la robustez del sistema de pensiones español como red de protección frente a la pobreza material en la vejez, amortiguando el impacto de las crisis económicas sobre este grupo poblacional.

La brecha social no se agota en el eje generacional. Los datos de 2024 muestran que la población inmigrante sufre una incidencia aún mayor de la privación material y social severa. Entre los inmigrantes de 16 años o más, la tasa alcanza un 16,6%, casi el triple de la misma cifra para la población autóctona (5,6%). Además, la tasa entre las personas nacidas en España es muy similar a la media comunitaria, mientras que la de los inmigrantes supera ampliamente el promedio europeo de este grupo (11,4%).

Esta diferencia se explica en parte por la composición demográfica de la población extranjera —menos personas mayores, más presencia de menores en el hogar—, pero sobre todo por la precariedad laboral y los obstáculos para integrarse en el mercado de trabajo. Los datos sugieren que la inserción laboral de los inmigrantes en España es especialmente vulnerable, lo que se traduce en una mayor exposición a la exclusión material, mucho más acentuada que en la mayoría de países comunitarios.

El análisis comparado permite entender la magnitud específica del problema español. Según los datos recogidos por Eurostat, España ocupaba en 2023 el quinto lugar entre los 27 países de la Unión Europea, solo superada por Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría. Aunque en 2024 se observó una leve reducción de la tasa, la posición relativa de España no ha variado: el país sigue por encima de la media comunitaria, situada en el 6,4%, y a bastante distancia de los resultados de Italia (4,6%) y Portugal (4,3%).

Una característica distintiva del caso español radica en la escasa capacidad de mejora del indicador pese al crecimiento económico observado en los últimos años. Mientras 20 de los 27 Estados miembros lograron reducir —aunque fuera de forma modesta— sus niveles de privación material severa, España mantiene unas cifras persistentemente elevadas. La cuestión, por tanto, no responde solo a coyunturas desfavorables, sino a obstáculos estructurales que frenan el avance hacia el bienestar social.

La persistencia y la desigual distribución de la privación material y social severa en España lanzan un mensaje claro sobre las limitaciones de la protección social y las políticas dirigidas a las familias jóvenes y los colectivos migrantes. El verdadero desafío no radica solo en reducir las cifras totales, sino en cerrar la brecha que separa a las generaciones y los grupos sociales, garantizando más equidad en el acceso a una vida digna.

“El verdadero desafío de España no es solo reducir la tasa total de privación material y social severa, sino hacerlo de manera más equitativa, reforzando las políticas familiares y de conciliación, pero también, probablemente, a través de un crecimiento económico orientado a conseguir aumentos sostenidos de la productividad, mejorando la calidad del empleo y el poder adquisitivo de los salarios y avanzando en políticas migratorias que favorezcan una migración con mejores resultados laborales”, concluye la publiación en el blog de Funcas.