La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso, coincidiendo con lo solicitado por la Fiscalía

La Abogacía del Estado ha solicitado una pena de tres años, nueve meses y un día de prisión para el empresario Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid—, coincidiendo con la petición de la Fiscalía. Asimismo, la Abogacía ha sugerido penas de cárcel para otros cinco acusados, entre ellos el empresario Maximiliano Eduardo Niederrer, por un presunto fraude fiscal a través de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L. El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Infobae España, cifra el fraude en más de 350.000 euros entre los ejercicios 2020 y 2021, y sostiene que fue cometido mediante la deducción de gastos simulados y la utilización de sociedades sin actividad real.

El documento, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, detalla cómo González Amador, socio único y administrador de Maxwell, habría orquestado un sistema de evasión fiscal mediante la inclusión en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades de facturas falsas emitidas por al menos ocho empresas. Estas entidades, según la Abogacía del Estado, carecían de medios materiales y humanos para prestar los servicios facturados, y algunas ni siquiera tenían actividad reconocible. De este modo, Maxwell se habría beneficiado indebidamente de deducciones fiscales que minoraron su tributación pese al incremento notable de ingresos durante la pandemia.

Entre las operaciones más significativas figuran dos facturas emitidas por sociedades vinculadas a Maximiliano Eduardo Niederrer: una de la empresa mexicana MKE Manufacturing SA de CV por 620.000 euros y otra de la sociedad marfileña Gayani LTD por 922.585 euros. En ambos casos, según el escrito, no consta que se realizara ningún servicio real, no se identifican destinatarios ni clientes concretos, ni hay evidencias de contraprestación económica válida. A juicio de la Abogacía, se trata de facturación anticipada y ficticia para camuflar beneficios y evitar tributar.

La acusación detalla también cómo parte de los importes abonados a Gayani LTD —concretamente 27.000 euros— fueron ingresados en una cuenta española titularidad de Niederrer, sin que conste que el resto de la factura fuera satisfecho. El propio González Amador reconoció a la Agencia Tributaria, ya iniciadas las diligencias de inspección, que finalmente la operación no se materializó y que anuló contablemente la factura en 2022. Para el Estado, esta rectificación posterior forma parte de una maniobra de encubrimiento ante la imposibilidad de justificar la realidad de las operaciones.

Asimismo, el escrito enumera un entramado de empresas vinculadas entre sí —como Púrpura Star SL, Bianconera de Servicios Profesionales SL, Baluarte Desarrollo SL o Ginmosur SL— que también habrían emitido facturas simuladas a Maxwell en 2021. Estas sociedades presentaban características comunes: falta de personal cualificado, domicilios fiscales ficticios o coincidentes con viviendas particulares, ausencia de actividad empresarial real y retirada inmediata de los fondos recibidos en efectivo. En total, los gastos indebidamente deducidos en ese ejercicio mediante este sistema alcanzan los 178.400 euros.

Para la Abogacía del Estado, los hechos descritos constituyen dos delitos contra la Hacienda Pública —uno por cada ejercicio fiscal— y sendos delitos de falsedad documental. González Amador figura como autor directo de ambos, mientras que Niederrer es considerado cooperador necesario en el fraude de 2020 y autor directo del delito documental, al haber intervenido como representante y socio de las sociedades extranjeras emisoras de facturas falsas.

La acusación solicita para González Amador una pena total de tres años, nueve meses y un día meses de prisión, una multa de casi 450.000 euros y la pérdida de beneficios fiscales durante tres años. Para Niederrer, se pide un año de prisión por cada ejercicio, multas que suman más de 240.000 euros y la inhabilitación para recibir subvenciones y beneficios fiscales durante dos años.

La Abogacía del Estado reconoce que en mayo de 2024 González Amador abonó el importe reclamado por la Agencia Tributaria junto con los intereses, lo que supone una atenuante por reparación del daño. No obstante, sostiene que la conducta fue dolosa y reiterada, y que se diseñó de forma consciente para ocultar beneficios y eludir el pago de impuestos.

Este procedimiento, que salpica directamente a la pareja de la presidenta madrileña, se suma a la polémica política en torno a la figura de Díaz Ayuso, quien ha denunciado en diversas ocasiones una “persecución política” por parte del Gobierno central. Aunque el escrito no hace alusión alguna a Ayuso, la implicación de su pareja en una causa penal por fraude fiscal podría tener derivadas tanto judiciales como institucionales en los próximos meses.