El juez de Tarragona que instruye una presunta trama de corrupción en el seno de Hacienda durante la etapa del PP, investigada por supuestamente modificar leyes a cambio de dinero para favorecer a determinadas empresas, no considera delictivo que el exministro Cristóbal Montoro recibiera correos de su equipo con información fiscal de políticos de diferentes formaciones.
Según informó EFE, así lo refleja el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona en varios autos dictados en junio, en los que deniega la personación como perjudicados de figuras como el exministro del PP Rodrigo Rato o el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero. El juez concluye que Montoro estaba “plenamente autorizado” y “legitimado” para recibir ese tipo de información tributaria.
En el marco de una causa que se mantenía bajo secreto desde 2018, el juez ha imputado a Montoro —titular de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy—, a antiguos altos cargos, a los socios del despacho Equipo Económico (fundado por él) y a responsables de varias empresas fabricantes de gases industriales, por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad documental y corrupción en los negocios.
No ve revelación de secretos ni infidelidad en la custodia
Por el contrario, el magistrado no aprecia que se hayan cometido delitos de revelación de secretos ni de infidelidad en la custodia de documentos. En consecuencia, rechaza las solicitudes de personación de Rato y Monedero, quienes alegaban haber sido perjudicados por el hecho de que Montoro recibiera correos electrónicos con sus datos fiscales.
El juez aclara que la información fue remitida por el entonces jefe de gabinete del ministro, por lo que “no existe divulgación a terceros”, al no haberse hecho públicos los datos. Por tanto, no aprecia conducta penalmente relevante.
De hecho, recuerda que la Fiscalía, tras analizar la documentación del procedimiento, ya concluyó que ni el contenido de los correos ni su envío constituían delito alguno.
En relación con el caso concreto de Monedero, el juez señala que los correos no permiten inferir que existieran inspecciones “carentes de causa” ni que se “falsearan o adulteraran” datos que pudieran perjudicar su situación fiscal. Únicamente se trasladó al ministro información sobre las actuaciones que la Agencia Tributaria estaba llevando a cabo.
“El ministro de Hacienda puede conocer esos datos”
“Es cierto que algunos de los correos contienen datos muy concretos, si bien, no debe olvidarse que al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) y que, por tanto, puede conocer esos datos”, indica el juez en el auto.
El magistrado detalla que, para que existiera delito, la información tendría que ser reservada y solo accesible a personas no autorizadas. En este caso, los datos fiscales fueron conocidos por el ministro y su jefe de gabinete, ambos habilitados legalmente.
“Si al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la secretaría de Estado que dirige la AEAT, debemos entender que el ministro de Hacienda está plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT, por lo que, el hecho de que sea informado sobre tales actuaciones forma parte de las funciones que tiene atribuidas”, señala el juez.
Aunque reconoce que los datos fiscales “indudablemente tienen carácter reservado, no pueden ser objeto de público conocimiento y no cualquiera puede acceder a ellos”, subraya que, en este caso, “las personas que han accedido están legalmente autorizadas”.
“Nos encontramos ante una toma de conocimiento, ya que a través del correo se ponen los datos en conocimiento del ministro, que se encuentra legitimado para conocerlos”, añade el auto.
Por otro lado, en otro auto, el juez también rechaza la personación de un periodista que se consideraba “víctima” de Montoro tras publicar informaciones sobre los negocios del despacho Equipo Económico. El magistrado sostiene que, a la vista de los correos entre cargos del Ministerio y la información disponible sobre su situación fiscal, no se puede “deducir” que se intentara silenciarle para evitar nuevas publicaciones.
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