El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha autorizado la retirada el pasaporte a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Francisco Javier Herrero, quienes han declarado este lunes por presuntamente favorecer adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas.
Tras sus respectivas comparecencias, el fiscal Anticorrupción ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que les imponga como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, una solicitud a la que se han adherido las acusaciones populares que dirige el PP y que el juez finalmente ha decretado, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Pardo de Vera se desmarca de Koldo y niega trato de favor
Durante su declaración, Isabel Pardo de Vera ha negado cualquier irregularidad en las contrataciones bajo su responsabilidad y se ha desmarcado del exasesor ministerial Koldo García, asegurando que en varias ocasiones se quejó ante el entonces ministro José Luis Ábalos por las formas de actuar de Koldo. Según ha explicado, esas quejas no surtían efecto, ya que Koldo era informado posteriormente por el propio ministro.
Sobre la contratación de Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco, Pardo de Vera ha señalado que se limitó a derivar su currículum por petición de Koldo, sin saber en ese momento que Rodríguez era la expareja del ministro. Según su testimonio, una vez conoció esa circunstancia, decidió no renovarle el contrato.
Herrero acusa errores en el informe de la UCO
Por su parte, Francisco Javier Herrero ha sostenido ante el juez que Koldo García le preguntaba por obras ya adjudicadas, nunca antes del proceso, y que toda la información solicitada era de carácter público. Ha explicado que entendió que Koldo actuaba a petición del ministro Ábalos con el objetivo de rentabilizar políticamente las obras durante la campaña de las elecciones municipales.
Herrero ha hecho especial hincapié en los errores que, a su juicio, contiene el informe de la UCO, señalando que confunde procedimientos distintos como la licitación, la adjudicación, las modificaciones contractuales y las obras de emergencia, además de mezclar fechas de licitación con fechas de firma de contratos. También ha detallado que los equipos que valoraban los aspectos técnicos y económicos de las licitaciones eran distintos, que la valoración económica permanecía en sobre cerrado hasta su apertura formal y que su intervención se limitaba exclusivamente a la parte técnica, en colaboración con otros ingenieros y arquitectos.
Ambos ex altos cargos han negado haber participado en adjudicaciones irregulares o haber recibido contraprestaciones económicas.
El juez investiga si facilitaron contratos a constructoras
El juez investiga si Pardo de Vera y Herrero prestaron asistencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a través de su entonces asesor Koldo García, para facilitar adjudicaciones a determinadas constructoras. El magistrado también sospecha del “interés” del exdirigente socialista Santos Cerdán y de García en ascender a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado de Transportes, un cargo que finalmente asumió tras la salida de Ábalos del ministerio en 2021. Según la investigación, Pardo de Vera habría favorecido “de manera recurrente” a las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y OPR.
Pardo de Vera ya había sido imputada previamente por este mismo magistrado por tráfico de influencias y malversación en relación con la contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro.
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