Bruselas alerta del “alto riesgo de corrupción” en la contratación pública y financiación de partidos en España

El informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea vuelve a poner el foco sobre España. Según adelante El Confidencial, el documento de la Comisión Europea advierte en su capítulo dedicado a nuestro país que “la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave con alto riesgo de corrupción”.

Esta advertencia llega en un momento especialmente sensible para el Gobierno, en plena tormenta judicial por las presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a la trama liderada por Koldo García, estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos y figura de confianza del que hasta hace poco fue secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Aunque este mismo riesgo ya fue señalado en el informe del año anterior, la edición de 2025 refleja un incremento muy significativo en la percepción empresarial del problema. Según El Confidencial, el 40% de las empresas españolas encuestadas afirman que la corrupción “les ha impedido ganar una licitación pública o un contrato público en los últimos tres años”, una cifra que casi duplica el 21% que lo manifestó en el informe anterior. La Comisión Europea detalla que la principal queja de los empresarios se refiere a “las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos”, seguida de “supuestas prácticas corruptas y reclamaciones relacionadas con la ejecución del contrato”.

En esta edición, la Comisión también señala una “falta de ambición” por parte de España en la lucha contra la corrupción y vuelve a criticar, como en años anteriores, la “politización de la Justicia”. Según informa El Mundo, Bruselas insta a España a “acelerar y profundizar las reformas pendientes para alinearse con los estándares europeos y reforzar su sistema democrático”.

En lo que respecta al Poder Judicial, el informe reconoce como positiva la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras un prolongado bloqueo político, pero advierte que persisten “dudas sobre la independencia judicial” debido a que los nombramientos continúan ligados a las mayorías parlamentarias. En esa misma línea, la Comisión considera insuficiente el proyecto del Ministerio de Justicia para ampliar el mandato del fiscal general a cinco años y desvincularlo del Ejecutivo, y concluye que la propuesta no garantiza plenamente la independencia del Ministerio Público.

Otro punto de tensión señalado en el informe es la imputación del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bruselas destaca que este caso “añade tensión institucional”, en un contexto ya marcado por la desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial.

En cuanto a la ley de amnistía, la Comisión opta por una mención neutral en el informe público. El Confidencial subraya que el Ejecutivo comunitario se limita a constatar que “el Tribunal Constitucional español ha declarado la ley compatible con la Constitución”, y que “se han presentado peticiones de decisión prejudicial en relación con la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

Precisamente, la próxima semana tendrá lugar la primera vista en el alto tribunal europeo. Según reveló también El Confidencial, en sus argumentos previos al TJUE, los servicios jurídicos de la Comisión afirmaban que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” y que “parece constituir una autoamnistía”. Sin embargo, estas consideraciones no figuran en el informe oficial presentado este martes.