La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al exalcalde socialista de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres, a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo igualmente en los dos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.
En el mismo fallo, también ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén por la contratación “ilegal” y “absolutamente irregular” en dicha Fundación del exedil “por su sola voluntad, amistad y afinidad política”, de manera que éste último percibió un total de 359.973,51 euros tras ser contratado en la Faffe pese a que “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.
En la sentencia notificada hoy miércoles a las partes personadas en este procedimiento, el tribunal condena al ex director general técnico de la extinta Faffe a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.
Además, los dos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 359.973,51 euros, que fue la cantidad percibida por el ex alcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según establece la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Puesto creado “ad hoc”
Los magistrados consideran probado que, tras las elecciones municipales de 2003, el exprimer edil condenado perdió la Alcaldía de Lebrija después de 24 años en dicho cargo, acudiendo “directamente” a Villén, “pidiendo trabajo”, a lo que éste último accedió “con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe”, un punto “innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público”.
La Sección Tercera añade, además, que “no consta” que el exalcalde “se encargara en ningún momento de este aspecto financiero, tampoco que tuviera aptitudes para asumir y desempeñar las funciones correspondientes a esas funciones”, señalando asimismo que “exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo, a lo que accedió igualmente” el ex director de la Faffe, e “impuso sus condiciones salariales”.
“Como el organigrama administrativo de la Fundación no contemplaba puesto” para Torres, el exresponsable de la Faffe “creó uno “ad hoc”, que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas”, un departamento que, según indican los magistrados en la sentencia, “es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito”, y de hecho el acusado “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.
Contratación “ilegal y grosera”
En este sentido, consideran que la contratación del ex alcalde por parte de la Faffe, “a instancia” de Villén, “fue por su sola voluntad, amistad y afinidad política, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar, se llevó a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa y disciplina interna mantenida por la Faffe y con lo establecido en la legislación aplicable”.
Al hilo, insisten en que “la presunta existencia de la persona de Torres como contratado era desconocida para el resto de empleados, ya que no desarrollaba su trabajo en ninguna de las sedes de la Faffe”, añadiendo que “no existe ninguna prueba documental que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe”.
A juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el ex alcalde “ha contribuido a dicha ilícita contratación, aportando elementos que pudieran ofrecer una apariencia de legalidad a la misma, concertándose con Fernando José V. para llevar a cabo dicha irregular contratación”.
“La contratación es ilegal, grosera (…), está basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad”, sostienen los magistrados, que subrayan que “esta forma de contratar por la administración pública es ilegal porque está fuera de toda norma”. “La contratación en Faffe es al libre arbitrio del acusado Fernando V. (con colocación de personas afines, enchufados)”, indican.
