Este martes, el Pleno del Senado ha aprobado la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que pone fin al despido automático de los trabajadores en situación de incapacidad permanente. Con 251 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, el texto ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto Voz, que se posicionó en contra.
La nueva ley introduce un cambio importante en la legislación laboral, ya que garantiza que los trabajadores puedan continuar en su puesto, si lo desean, tras ser declarados en incapacidad permanente, siempre que sea posible realizar ajustes en sus funciones.
Un cambio que garantiza la inclusión laboral
Hasta ahora, la incapacidad permanente era causa automática de extinción del contrato. Con la reforma, el trabajador podrá decidir si prefiere seguir trabajando en su puesto bajo nuevas condiciones, o si la empresa le reubicará en otro puesto adecuado. En caso de que la empresa no pueda realizar adaptaciones razonables, podrá proceder con el despido, pero solo si los ajustes suponen una “carga excesiva”.
Por su parte, el trabajador tendrá un mes para comunicar su decisión, y la empresa dispondrá de tres meses para hacer las adaptaciones necesarias. Si esto no fuera posible, el contrato podrá extinguirse, siempre bajo el principio de no causar una carga desproporcionada a la empresa.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha destacado la reforma como un “avance histórico” en los derechos laborales. En un comunicado, el CERMI ha agradecido al Gobierno y a los grupos políticos que han respaldado la iniciativa, y ha subrayado la importancia de garantizar que las personas con discapacidad tengan derecho a continuar en su puesto de trabajo. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, ha destacado que la reforma alinea la legislación española con los principios internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Modificaciones clave y enmiendas
Durante el debate en el Congreso y el Senado, se introdujeron varias enmiendas. Una de ellas establece que las empresas no podrán invocar la “carga excesiva” como razón para el despido si el coste de adaptar el puesto de trabajo no supera la indemnización por despido o el salario de seis meses del trabajador. Esta enmienda fue presentada por Podemos y buscaba evitar que las empresas utilicen esta justificación de manera arbitraria.
Otra enmienda relevante obliga al Gobierno a aprobar una ley en el plazo de un año para adaptar los puestos de trabajo de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil que presenten alguna discapacidad.
Vox votó en contra y el PP critica el proceso, pero reconoce la necesidad de cambio
A su vez, Vox, que presentó un veto al proyecto de ley, criticó la reforma. El partido de ultraderecha argumentó que no es la herramienta adecuada para resolver la situación de los trabajadores con incapacidad permanente. Sin embargo, su veto fue rechazado de manera rotunda por la mayoría del Senado.
El Partido Popular, por su parte, aunque reconoció que la reforma respondía a una exigencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, expresó su desacuerdo con algunos aspectos del proyecto, como el rechazo a su propuesta de crear un fondo para ayudar a las empresas a cubrir los costes de adaptación de los puestos de trabajo.
Asimis, la senadora del PNV, Nerea Ahedo, destacó que esta reforma es una “modificación de justicia” que coloca a España a la vanguardia en la integración laboral de las personas con discapacidad.
*Con información de agencias.
