Un día, mientras ordenaba la antigua vivienda de su familia en Calci, un pequeño pueblo cerca de Pisa, Paolo Cucurachi descubrió una caja metálica que contenía recuerdos acumulados durante décadas. Entre billetes de tranvía de los años cincuenta, cartas y documentos de su padre, ya fallecido, encontró un bono de ahorro emitido por Correos en 1957 por valor de mil liras, lo que serían unos 20 euros. Pero, según los cálculos actuales, ese bono podría ascender hoy a más de 41.000 euros.
La propietaria original del bono es Erminia, madre de Cucurachi, nacida en 1919, que actualmente vive en una residencia. Sin embargo, este hallazgo no ha sido bien recibido por las autoridades competentes. Tras solicitar el reembolso, madre e hijo recibieron una negativa por parte de Poste Italiane, la empresa pública de servicio postal de Italia, que alega que el título ha prescrito.
“Sostienen que el título ha caducado, pero los ciudadanos deben saber que el Estado debe saldar sus deudas, incluso las más antiguas”, señaló Cucurachi, de 80 años y retirado tras una carrera como teniente de la Guardia de Finanzas, al medio italiano Corriere della Sera. Junto a la asociación de consumidores Giustitalia, ha iniciado un procedimiento judicial para exigir el pago.
“Con Giustitalia, la asociación de consumidores a la cual me he dirigido para cobrar mi crédito, hemos empezado una causa civil, pero el colmo de los colmos es que después de una primera audiencia de control nos han fijado una audiencia de aplazamiento ante el Tribunal de Roma para el 18 de febrero de 2027. Una cosa ridícula porque mi madre tiene 106 años”, continuó diciendo, indignado.
Una deuda vigente, millones de bonos olvidados y una causa con fines solidarios
El abogado de Giustitalia, Francesco Di Giovanni, consideró que la reclamación es jurídicamente viable. Explicó que, según el artículo 2935 del Código Civil, el plazo de prescripción comienza desde el momento en que el titular puede ejercer su derecho, es decir, desde que se redescubre el bono. “Hemos demostrado con pruebas testimoniales que el hallazgo se produjo en abril de 2024 y, por tanto, el derecho a cobrar sigue vigente por otros nueve años”, afirmó.
El valor actual del título incluye la capitalización de intereses y la revalorización acumulada desde su emisión. “Según el llamado anatocismo bancario —la práctica de calcular intereses sobre intereses acumulados, aplicada habitualmente por bancos o por la Agencia Tributaria— no se entiende por qué este principio solo rige cuando estos organismos son acreedores y no cuando son deudores”, argumentó Di Giovanni.
Según datos de la asociación, en Italia podrían existir hasta 10 millones de títulos similares no reclamados, desde bonos postales hasta libretas de ahorro o títulos públicos. Muchos de ellos, especialmente los emitidos en los años ochenta bajo la denominación serie oro, tendrían hoy un valor muy superior al de los productos actuales.
En caso de que la Justicia falle a su favor, Cucurachi ya ha decidido el destino del dinero. “He tenido tres tumores, quiero invertirlo en investigación sanitaria. Nosotros, en el fondo, nos las arreglamos. Quiero que este dinero sirva para ayudar a quienes realmente no necesitan. Quizá una parte la destinemos a celebrarlo con mi madre. Ya no es autónoma, pero por lo demás está más lúcida que nunca y merece todo nuestro cariño”.
