El Impuesto sobre Sucesiones representa uno de los tributos más controvertidos del sistema fiscal español, especialmente por su naturaleza descentralizada y las diferencias que existen entre comunidades autónomas: este impuesto varía considerablemente en función del lugar de residencia del fallecido.
El impuesto de sucesiones en Euskadi
Este tributo recae sobre la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de una persona, y su aplicación se realiza sobre el valor neto de la herencia; es decir, una vez descontadas las deudas y los gastos asociados a la transmisión. Su naturaleza progresiva implica que cuanto mayor sea el patrimonio heredado, mayor será la carga fiscal que se aplique sobre los beneficiarios. Sin embargo, en el territorio vasco se ha establecido un sistema particularmente favorable para las herencias entre familiares directos.
En esta comunidad, las herencias entre descendientes, ascendientes, cónyuges o parejas de hecho disfrutan de una exención total siempre que el valor del patrimonio recibido no supere los 400.000 euros. Se trata de un umbral elevado que, en la práctica, permite a un amplio número de herederos quedar completamente al margen del impuesto. Cuando el valor de la herencia supera esa cifra, el gravamen se aplica únicamente sobre el exceso, y lo hace con un tipo fijo del 1,5%. Por ejemplo, en una herencia valorada en 500.000 euros, el impuesto se calcula únicamente sobre los 100.000 euros que exceden el límite exento, lo que se traduce en un pago de 1.500 euros. Este diseño sitúa al País Vasco como una de las regiones con menor presión fiscal en este ámbito.
La regulación también establece con claridad quiénes deben asumir el pago del impuesto. Están obligados todos los herederos, sean testamentarios —designados expresamente en el testamento— o legales, conforme al Código Civil o al derecho foral vigente en caso de sucesión intestada. El orden parte de los hijos y descendientes, sigue por ascendientes y cónyuge viudo, continúa con otros parientes colaterales, y en último lugar se contempla la figura del Estado.
El plazo general para cumplir con esta obligación tributaria es de seis meses a partir del fallecimiento. No obstante, se permite una prórroga de otros seis meses previa solicitud, aunque esta opción puede acarrear consecuencias fiscales, como la pérdida de ciertas bonificaciones asociadas al pronto pago que ofrecen algunas comunidades autónomas. En cualquier caso, conviene señalar que el reconocimiento formal de la herencia no está sujeto a este mismo plazo, y puede realizarse en un margen de hasta 30 años, según reconoce la jurisprudencia, aunque este periodo no figura de manera expresa en el Código Civil. Si transcurrido ese plazo no se ha aceptado la herencia, esta pasará a ser propiedad del Estado.
Por otro lado, en los pactos sucesorios —aquellos acuerdos en los que no media fallecimiento sino una transmisión en vida pactada— el plazo para abonar el impuesto es mucho más reducido: apenas un mes desde la formalización del contrato. Este aspecto marca una diferencia sustancial respecto a las sucesiones ordinarias y subraya la necesidad de una planificación patrimonial rigurosa.
