La campaña de la declaración de la Renta 2024-2025 ha empezado con el habitual aluvión de dudas que afectan a millones de contribuyentes en España. Una de las más frecuentes es la relacionada con los ingresos procedentes del extranjero, y en especial con las pensiones que algunos residentes fiscales en España perciben por haber trabajado en otros países. Estas prestaciones, lejos de estar exentas del control tributario, tienen una regulación específica que puede implicar sanciones si no se declaran correctamente.
La legislación española obliga a quienes residen fiscalmente en el país a declarar la totalidad de sus ingresos mundiales, independientemente de si proceden de España o del extranjero. Esto incluye las pensiones de jubilación, viudedad u otras similares que se perciban de otros Estados. No hacerlo puede implicar desde recargos hasta sanciones económicas por omisión de información, aun cuando la inclusión de la pensión extranjera no altere el resultado de la declaración.
Según detalla la plataforma especializada en fiscalidad TaxDown, el hecho de recibir una pensión de otro país no implica necesariamente pagar impuestos en dos lugares a la vez. España mantiene convenios para evitar la doble imposición con numerosos países, principalmente dentro de la Unión Europea, América Latina y otros territorios con los que existe una importante movilidad laboral. Estos tratados establecen qué Estado tiene potestad para gravar los ingresos y qué mecanismos se aplican para evitar que un mismo importe tribute dos veces.
Cómo declarar una pensión extranjera
Las pensiones del extranjero deben incluirse en la declaración del IRPF como rendimientos del trabajo, al igual que un salario. Para hacerlo correctamente, deben incluirse en el apartado de retribuciones dinerarias. A partir de ahí, el tratamiento dependerá de si el país de origen ha practicado o no retenciones fiscales:
- Si la pensión no ha tenido retención en el país de origen, se tributa por el importe íntegro en España.
- Si ha habido una retención fiscal en el país de origen, se puede aplicar una deducción por doble imposición internacional. Esta debe indicarse en la casilla 96 del programa de Renta de la Agencia Tributaria, donde se consigna tanto el importe recibido como el impuesto pagado en el extranjero, para que se compute adecuadamente.
En general, estas deducciones permiten restar del IRPF a pagar en España el importe ya abonado fuera, pero siempre dentro de los límites permitidos por el convenio aplicable.
Obligaciones y límites
La percepción de una pensión extranjera también puede alterar el umbral a partir del cual es obligatorio presentar la declaración. Un jubilado que solo cobra una pensión de un pagador español no está obligado a declarar si no supera los 22.000 euros anuales. Sin embargo, si recibe una segunda pensión del extranjero, Hacienda considera que ha tenido más de un pagador. En ese caso, el límite se reduce a 15.876 euros brutos al año y, por lo tanto, es probable que deba presentar la declaración.
No cumplir con esta obligación puede implicar consecuencias importantes. Hacienda puede exigir el pago de la cuota correspondiente, los intereses de demora y una sanción mínima de 150 euros. Además, si se omite el ingreso en la declaración, aunque no altere el resultado, se considera una infracción tributaria leve, también sancionable.
Posibles consecuencias adicionales
Omitir una pensión extranjera puede afectar incluso a quienes reciben complementos a mínimos en sus pensiones españolas. Este suplemento se concede cuando la pensión contributiva es inferior al mínimo legal establecido. Sin embargo, si se descubre que el pensionista tiene otros ingresos no declarados, como una pensión extranjera, la Seguridad Social puede exigir la devolución del complemento cobrado e incluso suprimirlo de forma permanente.
En algunos casos, personas que trabajaron durante pocos años en el extranjero pueden recibir una pensión proporcional sin que sea necesaria una cotización mínima. Aunque se trate de cantidades pequeñas, deben declararse. La Administración ha intensificado en los últimos años la vigilancia sobre este tipo de ingresos, gracias a la mejora en los intercambios de información con otros países y a la asistencia mutua entre administraciones fiscales, especialmente dentro del entorno europeo.
Así, los convenios internacionales especifican qué rentas pueden ser gravadas y por quién. En algunos casos, el país de residencia tiene la potestad exclusiva para aplicar el impuesto. En otros, corresponde al país de origen de la pensión. Y en determinadas situaciones, ambos países pueden ejercer su potestad tributaria, aunque en este último supuesto, el país de residencia, en este caso España, debe aplicar mecanismos para evitar la doble imposición.
