La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cuestiona la viabilidad del sistema público de pensiones contradiciendo la postura del Gobierno que insiste en que está garantizada debido a los buenos resultados que ha dado la reforma de las pensiones. La última en afirmarlo fue la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que la semana pasada incidió en que el Ejecutivo es “muy optimista” de cara al futuro, ya que se puede garantizar no solo la sostenibilidad del sistema, sino “seguir avanzando en protección social”.
Fedea se posiciona al lado de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que acaba de presentar un informe en el que considera que, a pesar de que el Gobierno ha cumplido con la regla de gasto acordada con la Comisión Europea, por lo que no tendrá que realizar nuevos ajustes en el sistema de pensiones, la sostenibilidad de este “no ha mejorado respecto a las previsiones publicadas en 2023″ y estima un crecimiento del gasto en pensiones de 3,4 puntos de PIB hasta 2050, frente a los 3 puntos porcentuales que preveían hace dos años.
A juicio del director ejecutivo de Fedea y autor del informe, Ángel de la Fuente, “la cauta conclusión de la Autoridad Fiscal es que, técnicamente y por los pelos, el sistema de pensiones ha superado con éxito su primer examen, con lo que la norma no obliga a activar ajustes adicionales por el momento, pero esto no garantiza ni mucho menos la sostenibilidad del sistema, que muestra síntomas claros de creciente estrés financiero”.
El decreto de la polémica
El informe de Fedea critica la forma en la que se ha aplicado la cláusula de cierre: “Esta se ha visto “muy condicionada” por un decreto dictado el pasado mes de febrero por el Gobierno en el que, “actuando como juez y parte”, ha regulado algunos detalles “importantes” de los cálculos que debía tomar en cuenta la AIReF para su examen del sistema de pensiones.
Por ello, el think tank español denuncia que este decreto “abre la puerta a la inclusión indiscriminada de incrementos en las transferencias del Estado no destinadas a financiar pensiones no contributivas entre los ingresos adicionales atribuidos a la reforma”. Lo que puede “desvirtuar la condición de sostenibilidad, porque permite reducir el gasto neto a base de contabilizar nuevos ingresos que realmente no son tales desde el punto de vista de las cuentas públicas consolidadas, desplazando artificialmente el déficit del sistema de pensiones a las cuentas de la Administración General del Estado”, recoge el informe.
Los economistas de Fedea también destacan que el Decreto exige una corrección al alza de las proyecciones de PIB del Informe de Envejecimiento desde 2024 en adelante “que podría ser excesivamente optimista”, pues supone que la “considerable” diferencia registrada en 2023 entre el dato observado de PIB nominal y las proyecciones originales del Informe de Envejecimiento de 2024 de la misma variable (del 6%) se mantendrá invariable en el futuro.
A juicio de Ángel de la Fuente, el examen realizado parte de una condición de sostenibilidad “incorrecta”, formulada en términos del volumen de gasto en lugar del déficit del sistema. Ello hace posible, según el organismo, avanzar hacia el cumplimiento de la condición de sostenibilidad sin que esto implique necesariamente una mejora de la situación financiera del sistema. Incide en que “la omisión de los factores de ingreso puede generar así una especie de ilusión monetaria que lleva a sobrevalorar los efectos reales de la corrección del PIB exigida por el decreto.
Un ‘aprobado’ muy cuestionado
El autor del informe asegura que hay muchas formas posibles de verificar si se cumple o no la condición de sostenibilidad de la cláusula de salvaguarda. “Siguiendo el procedimiento establecido en un reciente decreto del Gobierno, la AIReF se ha visto empujada a elegir la única opción que lleva a un aprobado. Sin embargo, esta opción es también la menos creíble, porque incluye tres décimas de ingresos adicionales ligados a transferencias del Estado”.
De la Fuente incide en que si se excluyeran las transferencias, el sistema de pensiones suspendería el examen de la AIReF y sería necesario activar la cláusula semiautomática de ajuste para poner en marcha medidas de recorte de gasto o aumento de ingresos.
