La escasez de vivienda en venta y un precio más asequible está impulsando la compra de casas okupadas por parte de particulares, una operación que hasta hace poco solo los fondos de inversión y los grandes inversores se atrevían a afrontar por el riesgo que suponía. Los analistas prevén que esta demanda seguirá al alza tras la aprobación de la ’ley antiokupas‘, que ha entrado en vigor este jueves y cuyo objetivo es agilizar los procedimientos de desalojo.
Hasta ahora, un juicio de desahucio podría tardar cerca de dos años en resolverse, ralentizado por el colapso de los tribunales y los complejos procedimientos civiles. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, el proceso se aligera al incluir los delitos de allanamiento de morada y usurpación en el procedimiento de juicios rápidos, lo que disminuye los plazos de desalojo en un máximo de 15 días. Además, si la okupación se denuncia en las primeras 48 horas desde el allanamiento, las fuerzas de seguridad podrán intervenir sin necesidad de una orden judicial, propiciando el desalojo inmediato de los ocupantes.
Esta nueva regulación que protege a los propietarios ha acrecentado el interés de los particulares por las viviendas con okupas, atraídos por sus precios, entre un 40% y un 60% inferiores a los de mercado, y no solo el de los que quieren adquirirlas para vivir en ellas, también los pequeños inversores ven en ellas una oportunidad de inversión debido a que si consiguen desalojar a los ’inquiokupas’ en poco tiempo, pueden venderlas o alquilarlas y sacar una jugosa rentabilidad.
Una operación de riesgo
No obstante, esta operativa no es sencilla. Los analistas consideran que tiene riesgos derivados del tiempo que tarde el desalojo y de los destrozos y desperfectos que puede tener la vivienda una vez recuperada, lo que conlleva una reforma y una merma de su rentabilidad.
“La compra de viviendas ocupadas puede ser muy rentable, siempre que el inversor esté dispuesto a asumir los riesgos asociados. Si bien los precios de compra son bajos, los posibles costos legales, de desalojo y de reparación pueden reducir significativamente la rentabilidad de la inversión”, señala Sócrates Sánchez Moreno, abogado de Gestió Maresme i Costa Brava.
También Carles Solé, coordinador de Formalización Hipotecaria de Tecnotramit, considera que “se trata de una peligrosa tendencia”. Incide en que algunos compradores “ya han profesionalizado este tipo de adquisiciones. Se trata de inversores que, más que esperar sentencias durante meses o años, cuentan con abogados o mediadores para llegar a acuerdos”.
Por ello, los que más riesgos asumen son los particulares que compran estas casas para vivir en ellas y los pequeños inversores, ya que, a juicio de Sócrates Sánchez, “para inversores con experiencia en el mercado inmobiliario, estas propiedades pueden ofrecer una alta rentabilidad. Sin embargo, los inversores primerizos deberían actuar con precaución y siempre buscar asesoramiento legal especializado para evitar posibles errores costosos”.
Comprar la casa ‘tocateja’
Otro inconveniente que tienen afrontar los ciudadanos que quieran adquirir uno de estos pisos es que deben tener el dinero suficiente para comprarlos a ‘tocateja’ porque los bancos no les darán una hipoteca debido a que “al no poder acceder a la vivienda, no se puede realizar su tasación, por lo que captar financiación hipotecaria en este tipo de adquisiciones no es viable”, advierte Carles Solé.
