Marine Le Pen se ha pronunciado por primera vez después de que esta mañana se conociera su condena por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo. La cabeza de Agrupación Nacional se enfrenta ahora a cinco años de inhabilitación de cualquier cargo público, lo que impedirá que ser presente a las elecciones presidenciales de 2027, para las que partía como favorita; así como, al menos, dos años de prisión.
Para la líder de la extrema derecha se trata de una “decisión política”. Así lo ha asegurado en una entrevista en la cadena de televisión TF1. La líder de Agrupación Nacional ha denunciado que “el Estado de derecho ha sido completamente violado por la decisión que se tomó” y que su inhabilitación es únicamente para que no se presente a las elecciones presidenciales de 2027.
Le Pen ha defendido que es inocente y que los argumentos con los que se le acusa son “insostenibles”. Se trata de un desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo. No hay enriquecimiento personal, ni corrupción, ni nada de eso", ha defendido. Pero, en verdad, la dirigente francesa no ha sido declarada culpable ni por enriquecimiento personal ni por corrupción. Ha usado este argumento para no hablar del delito que se le imputa: la malversación de fondos públicos.
La condena no implica “en ningún caso” su dimisión
Ahora la clave será quien le va a sustituir en el liderazgo de la extrema derecha. Todo apuntaba a que sería Jordan Bardella, y Le Pen lo ha confirmado, aunque ha dejado claro que esta condena “en ningún caso” va a suponer su retirada de la vida política. “Jordan Bardella es un gran activo para el movimiento y lo he estado diciendo durante mucho tiempo”, ha respondido a la pregunta de si tiene un plan B. Y ha agregado que espara “no tener que utilizar ese activo antes de lo necesario”.
Por otro lado, ha asegurado que recurrirá esta decisión del tribunal “lo antes posible”. “La ley Sapin 2, que conlleva la aplicación automática de la ejecución provisional por inelegibilidad, fue anulada por el magistrado, porque es posterior a los hechos que se nos imputan”, ha argumentado. Cabe destaacar que la ley Sapin 2 a la ordena a las empresas francesas y a las corporaciones globales en Francia que prevengan y detecten la corrupción y el tráfico de influencias, tanto a nivel nacional como internacional, de acuerdo con las directrices de la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA).
“La magistrada ha asumido muy claramente que ejecutaría provisionalmente la inelegibilidad, es decir, en realidad, que haría inútil mi recurso sobre este tema para impedirme presentarme”, ha afirmado Le Pen. En este sentido, la líder de los diputados de RN considera que el presidente del tribunal “obedece a una instrucción, a una orden”.
“Esta noche, millones de franceses están indignados, pero indignados de un modo inimaginable, al ver que en Francia, el país de los derechos humanos, los jueces han puesto en práctica prácticas que creíamos reservadas a los regímenes autoritarios”, ha concluido.
