La Fiscalía ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que impute al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por la presunta financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta (SALF) y que además, se investiguen sus cuentas bancarias. Según la investigación llevada a cabo, habría cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas.
En el escrito compartido por el Ministerio Público se solicita que “se dicten las órdenes oportunas para la investigación del trafico de las wallets creadas por los encausados en las que se realizaron las aportaciones anónimas para financiar la campaña electoral de SALF en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024″.
Además, piden que “se recabe del encausado Luis Pérez Fernández los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y la entrega de la documentación e información económica de SALF, entre otros, libros de tesorería, inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas” y el “examen de las cuentas corriente bancarias del Sr. Pérez Fernández y de su agrupación electoral durante el año 2024″.
La investigación contra Alvise
Según informó elDiario.es, Alvise acudió a la sede de la empresa Sentinel, propiedad de Álvaro Romillo, para recoger 100.000 euros en efectivo, cantidad que él mismo había anunciado que utilizaría para financiar su campaña a las elecciones europeas, que comenzaba al día siguiente. El ahora eurodiputado de extrema derecha admitió posteriormente haber recibido ese dinero sin declararlo a Hacienda, alegando que lo había hecho como “autónomo” y “sin factura”, aunque sin aclarar cuál fue el servicio prestado a cambio.
El asunto fue inicialmente investigado por un juzgado de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa derivada de la confesión de Romillo tras el colapso de su iniciativa empresarial Madeira Invest Club. En dicha declaración, el empresario aseguró haber entregado personalmente el dinero a Alvise. Las conversaciones entre ambos reflejan que el entonces candidato se había comprometido a promover legislación favorable al sector de las criptomonedas, una vez alcanzara un papel relevante en la formación de un posible gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox.
Posteriormente, la causa fue elevada al Tribunal Supremo mediante una exposición razonada. Ahora, la Fiscalía ha solicitado que el alto tribunal abra diligencias contra el líder de SALF y lo cite a declarar en calidad de investigado. El Ministerio Público considera que los hechos podrían constituir presuntos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral, señalando también a Romillo como cooperador necesario y proponiendo su imputación.
El resto de causas pendientes del eurodiputado
Esta no es la única causa que Alvise tiene pendiente en el Supremo, ya que a parte de la financiación ilegal de su partido, este Tribunal ha asumido una causa por presuntas calumnias contra el diputado socialista Javier Alfonso Cendón. El juzgado de León que tramitaba la denuncia remitió el caso al alto tribunal debido al aforamiento de Pérez como eurodiputado.
A parte, tiene otra línea de investigación abierta que se refiere a la difusión no autorizada de una fotografía de una de las hijas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un juzgado de Sevilla investiga a Pérez por haber publicado en su canal de Telegram una imagen de la menor, revelando también el país en el que estudiaba, lo que podría constituir un delito contra la intimidad.
