Ha sido este sábado 29 de marzo cuando el partido SUMAR ha celebrado su segunda asamblea estatal con el objetivo de relanzar su proyecto político después de una época de desgaste, tras las elecciones de 2023, y de cara a las encuestas y las próximas elecciones, a lo largo de 2027.
Y aunque el plan general era hablar de la elección de las personas que van a formar parte de su nueva dirección, y dejar claro qué papel va a ejercer a partir de ahora Yolanda Díaz, lo cierto es que también han hablado de propuestas que el partido piensa defender, en torno a los temas que más preocupan a la ciudadanía.
Entre las medidas más destacadas de las que se ha hablado se encuentra la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales, una iniciativa que pretende ir más allá del acuerdo previo alcanzado con el PSOE en el pacto de gobierno de coalición, que establecía una jornada de 37,5 horas
También han hablado de su opinión en temas relevantes como la salud, la vivienda, la educación o el gasto en seguridad, que está especialmente en auge estos días.
Pero, además, el partido liderado por Yolanda Díaz ha planteado un tema interesante, que es que las empresas destinen un porcentaje de sus beneficios a sus trabajadores, como parte de un esfuerzo por redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones laborales.
Esta medida se complementa con la intención de democratizar el ámbito empresarial, promoviendo una legislación que permita la representación de los empleados en los consejos de administración de las compañías. Y, aunque pueda parecer novedoso, la realidad es que este sistema de reparto de beneficios ya existe en algunos otros países.
El reparto de beneficios: una práctica obligatoria en algunos países y recomendada en otros
En el panorama global, la distribución de las ganancias empresariales entre los trabajadores es una práctica que se entiende como perfectamente normal en algunos sitios, porque es una manera de motivar a las personas que logran que una empresa funcione, y tengan una mejor productividad.
De hecho, en algunas naciones esta medida es obligatoria por ley. Mientras, en otras, simplemente se promueve como una recomendación para mejorar la eficiencia y la relación entre empleados y empleadores, a través de facilidades fiscales.
En concreto, países como México y Francia cuentan con normativas que exigen a las empresas compartir parte de sus beneficios con sus trabajadores, mientras que en lugares como Estados Unidos e Inglaterra, aunque no es un requisito legal, existen incentivos fiscales que fomentan esta práctica.
¿Cuál podría ser el panorama en España si se llevase a cabo esta práctica? Es interesante saber qué sucede en otros sitios donde es una práctica habitual, y los motivos por los que, probablemente, podría ser una idea que mejorase la sensación de muchos ciudadanos de que están recibiendo una ganancia justa.
México: un modelo con base legal para el reparto de beneficios
En México, sin ir más lejos, la legislación laboral establece que las empresas deben destinar el 10% de sus ganancias anuales al reparto entre sus trabajadores.
Este porcentaje se calcula a partir de la declaración fiscal de la compañía, un documento que los empleados tienen derecho a revisar y, si lo consideran necesario, objetar. De esta forma, el reparto de estas utilidades se realiza tomando en cuenta dos factores principales: el salario de cada trabajador y el número de días trabajados durante el año.
Este sistema, que, por cierto, lleva unos cuantos años en funcionamiento, busca garantizar una distribución proporcional y equitativa de los beneficios generados por la empresa.
Francia: un enfoque basado en el tamaño de la empresa
Por otra parte, en Francia, la normativa laboral también contempla el reparto de ganancias, aunque con un enfoque diferente al de México. Según la ley, todas las empresas con más de 50 empleados están obligadas a compartir parte de sus ganancias con sus trabajadores. Es decir, las empresas más grandes y las que se presupone que van a ganar más dinero.
Y la fórmula para calcular este reparto está definida por la legislación, pero cada empresa tiene la libertad de decidir los criterios específicos que se aplicarán al momento de distribuir los beneficios. Entre estos criterios pueden incluirse el salario de los empleados, el tiempo trabajado o una combinación de ambos factores.
El caso de Estados Unidos e Inglaterra: incentivos fiscales que fomentan el reparto
En contraste con México y Francia, en Estados Unidos no existe una obligación legal para que las empresas repartan sus ganancias entre los trabajadores.
Sin embargo, el gobierno recomienda esta práctica como una estrategia para mejorar la eficiencia empresarial, alinear los intereses de los empleados con los de la dirección y fomentar un ambiente laboral más colaborativo.
En concreto, una de las formas más comunes de implementar el reparto de beneficios en este país es a través de fondos de pensión. Las empresas depositan una parte de las ganancias en estos fondos, lo que no solo beneficia a los empleados a largo plazo, en un país donde además existe un sistema público muy deficiente, sino que ofrece ventajas fiscales tanto para las empresas como para los trabajadores.
Mientras tanto, en Inglaterra, tampoco existe una ley que obligue a las empresas a repartir sus ganancias económicas, pero más del 30% de las compañías han adoptado algún tipo de sistema para distribuir estos beneficios con los empleados.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta práctica se ve favorecida por el sistema fiscal británico, que ofrece incentivos a las empresas que implementan esquemas de reparto. Al igual que en Estados Unidos, una de las estrategias más comunes es el uso de fondos de pensión, lo que permite a los empleados disfrutar de beneficios fiscales y, al mismo tiempo, asegura un ahorro para su futuro.
