Desde el pasado 1 de enero de 2024, las plataformas de compraventa de segunda mano como Wallapop y Vinted están obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones realizadas por sus usuarios en España, siempre que se cumplan ciertos criterios.
Esta medida, en concreto, responde a la implementación de la Directiva (UE) 2021/514, conocida como DAC 7, que busca reforzar la cooperación administrativa en el ámbito fiscal dentro de la Unión Europea. La normativa establece que las plataformas deben reportar a Hacienda los casos en los que un usuario haya realizado más de 30 transacciones en un año o haya obtenido más de 2.000 euros en beneficios durante ese periodo.
El objetivo principal de esta regulación es garantizar que las ganancias obtenidas a través de estas plataformas sean declaradas correctamente en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) cuando corresponda. Sin embargo, no todas las ventas están sujetas a tributación, y es crucial entender en qué casos se aplica esta obligación para evitar posibles sanciones.
¿Cuándo es obligatorio declarar las ventas de segunda mano?
En general, hay que saber que la obligación de declarar las ventas realizadas en plataformas como Wallapop o Vinted surge únicamente cuando se genera una ganancia patrimonial. Esto ocurre cuando el precio de venta de un artículo supera el precio original de compra. Por ejemplo, si un usuario vende una prenda de ropa por una cantidad mayor al que pagó inicialmente, deberá incluir esta ganancia en su declaración de la Renta.
En cambio, si las ventas se realizan por debajo del precio de compra, no existe obligación de declarar, independientemente del número de transacciones o del importe total obtenido. Esto significa que la mayoría de los usuarios que utilizan estas plataformas para deshacerse de objetos usados a precios reducidos no están sujetos a ninguna tributación.
En ese sentido, la normativa también aclara que, aunque las plataformas informen a Hacienda sobre las operaciones de un usuario que supere los límites establecidos (30 transacciones o 2.000 euros en beneficios), esto no implica automáticamente que deba tributar. Solo se considerarán las ganancias patrimoniales, y no las ventas realizadas a pérdida.
Estos son los datos que las plataformas deben reportar a Hacienda
Esta directiva, que entró en vigor en 2024, establece que las plataformas de compraventa deben proporcionar a la Agencia Tributaria una serie de datos detallados sobre los usuarios que cumplan con los criterios antes mencionados, es decir, los que obtengan ganancias patrimoniales. Y entre la información que deben de comunicar, se incluyen los siguientes datos:
- Nombre completo y apellidos del vendedor (o razón social en caso de empresas)
- Dirección principal del usuario
- Número de Identificación Fiscal (NIF) y fecha de nacimiento
- Cuenta bancaria donde se reciben los pagos
- Contraprestación total abonada durante cada trimestre
- Número de actividades de venta realizadas
- Tasas, comisiones o impuestos retenidos o cobrados durante cada trimestre
En el caso de empresas, también se deberá informar sobre su número de registro y el número de identificación a efectos del IVA. Esta información será compartida con las autoridades fiscales de otros Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de controlar la actividad económica transfronteriza.
Y para aquellos que sí obtengan ganancias patrimoniales de estas plataformas- que es cierto que no son la mayoría- esta información también es importante: no cumplir con la obligación de declarar las ganancias patrimoniales derivadas de las ventas en plataformas como Wallapop o Vinted puede acarrear sanciones económicas significativas.
Para ser más específicos, las multas pueden oscilar entre el 50% y el 150% del importe que se debió abonar en concepto de impuestos, además de la cantidad original que correspondía pagar. Por ejemplo, si un usuario debía pagar 1.000 euros en impuestos y no lo hizo, la sanción podría situarse entre 500 y 1.500 euros adicionales. En el peor de los casos, el total a pagar podría ascender a 2.500 euros, incluyendo tanto la deuda tributaria como la multa correspondiente.
