La Unión Europea (UE) quiere reducir cuanto antes su dependencia de los países de fuera del bloque, sobre todo en lo referente al suministro de materias primas estratégicas. Por ello, se ha impuesto el objetivo de que no más del 65% de estas materias provengan de un solo país de fuera del bloque. Algo que ahora mismo no se cumple: actualmente, China suministra todo el material de tierras raras pesadas, y Turquía aporta el 98% del boro consumido en Europa, según datos de la Comisión Europea.
Para cumplir con este propósito, el Ejecutivo comunitario ha aprobado 47 proyectos destinados a asegurar el acceso y diversificar las fuentes de materias primas dentro de la UE. Estos proyectos forman parte de la implementación de la Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA), cuyo objetivo es aumentar la producción y el reciclaje de materias primas en el continente.
El plan tiene metas específicas para cumplir antes de 2030: cubrir el 10% de la demanda de extracción, el 40% de la transformación y el 25% del reciclaje de materias primas en la UE. Según la Comisión, la legislación ha establecido que los permisos para poner en marcha estos proyectos deberán ser otorgados en un plazo máximo de 27 meses para los proyectos de extracción y de 15 meses para los de procesamiento o reciclaje.
Los proyectos se van a distribuir entre 13 de los países miembros, uno de ellos España, donde se localizarán siete de las ubicaciones, siendo el país con más asignados junto con Francia. Estos abarcan varias etapas de la cadena de suministro, como la extracción, la transformación, el reciclaje y la sustitución de materias primas.
Siete proyectos ubicados en España, casi todos dedicados a la extracción de materias primas
La mayoría de los proyectos en territorio español están enfocados a la extracción y tratamiento de recursos clave para sectores industriales estratégicos, como la fabricación de baterías y la industria metalúrgica. En algunos casos, estos proyectos implicarán volver a abrir minas que se cerraron hace años, y supondrá una inversión de más de 4.500 millones de euros.
Uno de ellos, Mina Doadé Project, ubicado en Galicia, se centrará en la extracción de litio, un mineral clave para la producción de baterías, particularmente en la transición hacia una economía más verde y digital. De manera similar, Las Navas, en Extremadura, también se dedicará a la extracción de litio. Estos proyectos son indispensables por el aumento en la demanda de litio debido al auge de los vehículos eléctricos.
En Castilla-La Mancha, el Mining Project El Moto se centrará en la extracción de wolframio, un mineral muy importante para la fabricación de componentes electrónicos y sistemas de defensa. Junto a él, en Extremadura, se encontrará el proyecto P6 Metals, que abarcará tanto la extracción como el tratamiento de wolframio. Este material, gracias a su densidad y alta resistencia a temperaturas extremas, se utiliza en municiones perforantes, contrapesos en naves espaciales y herramientas de corte.
Por su parte, Andalucía va a acoger dos proyectos de gran relevancia: el Aguablanca Project y el Polymetallic Primary Sulphite Project PMR Project. Ambos se enfocarán en la extracción y tratamiento de recursos esenciales como el cobalto, los metales del grupo del platino, níquel y cobre. Por último, en el ámbito del reciclaje, CirCular, también en Andalucía, contribuirá al reciclaje de cobre y metales del grupo del platino. Todas estas materias son vitales para la producción de baterías y componentes eléctricos, y para desarrollar tecnologías avanzadas en sectores como la energía, la electrónica y la industria de la defensa.
Asociaciones ecologistas rechazan los proyectos mineros: irregularidades ambientales, impacto en zonas protegidas y falta de transparencia
En contra de estos proyectos se han posicionado asociaciones como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife. Las tres han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan estos proyectos estratégicos, y critican que varias de las minas elegidas tienen un historial de irregularidades ambientales, como es el caso de as Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz).
Otras de las ubicaciones, como Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real), no tienen apoyo porque su apertura podría suponer un impacto negativo en espacios protegidos. Además, las organizaciones denuncian que España ha presentado más proyectos de extracción que otros países europeos como Alemania, Italia o Francia, que han optado mayoritariamente por proyectos de reciclaje, procesado o sustitución de minerales.
Las tres entidades también critican la falta de transparencia en el proceso de selección y la exclusión de las comunidades afectadas. Según los ecologistas, los proyectos seleccionados se beneficiarán de privilegios administrativos que podrían debilitar la protección ambiental, afectando a áreas como la Red Natura 2000. Acusan a las autoridades de priorizar la minería sin fomentar el reciclaje ni reducir la demanda de minerales, y reclaman un cambio de política hacia la reducción de la demanda y el impulso del reciclaje, lo que podría cubrir el 67 % de la demanda de minerales para 2050.
