El Gobierno de España ha anunciado su compromiso de establecer una tasa adicional de empleo público que permita garantizar el acceso a la jubilación parcial para los trabajadores del sector público. Un anuncio que se ha producido tras una reunión entre los representantes sindicales y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
Pero... ¿Qué es la tasa adicional? De acuerdo con lo informado por UGT, la tasa adicional no computará dentro del porcentaje de tasa de reposición previamente acordado, lo que permitirá la creación de más plazas y facilitará la aplicación de la jubilación parcial.
Este derecho, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, está vinculado a un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, un requisito que ha generado dificultades para su implementación en el sector público. Precisamente por esto, los sindicatos habían solicitado cambios urgentes en este ámbito, ya que las condiciones actuales limitan el acceso a esta modalidad de jubilación.
Algunos otros compromisos de la reunión: negociación salarial y acuerdos plurianuales
Durante el encuentro, el ministro Óscar López también se comprometió a abrir negociaciones para un nuevo acuerdo salarial que entraría en vigor este mismo 2025. Además, se acordó convocar la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como iniciar las conversaciones para un nuevo acuerdo marco que aborde las necesidades actuales de los empleados públicos.
Los sindicatos CCOO y UGT insistieron en la necesidad de que estos compromisos se materialicen con rapidez, evitando que queden como simples declaraciones de intenciones.
Entre las demandas más urgentes, destacaron la aprobación de una subida salarial del 0,5% pendiente, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Este incremento forma parte de los acuerdos previos alcanzados entre las partes y es considerado prioritario por las organizaciones sindicales.
Además de los temas relacionados con la jubilación parcial y los salarios, los sindicatos plantearon otras demandas clave durante la reunión. Entre ellas, destacaron la necesidad de implementar plenamente el modelo de clasificación profesional conforme al Marco Español de Cualificaciones Profesionales.
También solicitaron avanzar en la negociación de modificaciones normativas que permitan el desarrollo efectivo de los planes de igualdad y los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.
Otro de los puntos destacados fue la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, una medida que los sindicatos consideran esencial para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos.
Asimismo, se subrayó la importancia de garantizar la atención presencial en los servicios públicos, especialmente en las zonas rurales o en riesgo de exclusión, donde la digitalización y la falta de personal han generado dificultades para los ciudadanos.
Creación de empleo neto y rejuvenecimiento de plantillas
En el ámbito del empleo público, CCOO y UGT hicieron hincapié en la necesidad de crear empleo neto en las administraciones públicas, reducir la temporalidad y rejuvenecer las plantillas. Según los sindicatos, estas medidas son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del sector público y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Asimismo, se planteó la importancia de avanzar en la digitalización de las administraciones públicas, un proceso que debe ir acompañado de estrategias para captar y retener talento, así como de programas de formación y promoción interna que permitan el desarrollo profesional de los empleados públicos.
La reunión entre el ministro Óscar López y los representantes de UGT y CCOO marca un paso importante en el diálogo entre el Gobierno y los sindicatos para abordar los retos del sector público en España.
Las medidas anunciadas, como la tasa adicional de empleo para garantizar la jubilación parcial, la negociación de un nuevo acuerdo salarial y las iniciativas para mejorar las condiciones laborales, reflejan un esfuerzo por modernizar la administración pública y adaptarla a las necesidades del siglo XXI.
Sin embargo, los sindicatos han dejado claro que estarán atentos para que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas y no queden relegados a promesas sin cumplir. La implementación de estas medidas será clave para garantizar los derechos de los empleados públicos y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
