En el competitivo mercado inmobiliario de Estados Unidos, una práctica ha generado controversia entre quienes buscan alquilar una vivienda: el cobro de tarifas simplemente por visitar un inmueble.
Esta nueva costumbre es conocida como la “application fee”, y es común en varias ciudades estadounidenses, afectando tanto a locales como a extranjeros, todos ellos con el punto común de que intentan establecerse en el país.
Según informó el experto inmobiliario español Daniel Hombrados en su newsletter, hay casos especialmente llamativos como es el de Janice, una joven que se mudó desde Barcelona al estado de Carolina del Norte y se encontró con esta práctica al buscar un piso.
Después de semanas de búsqueda, Janice encontró una vivienda que parecía adecuada, pero al contactar con la agencia inmobiliaria, le informaron que debía pagar 50 dólares (unos 45,8 euros) solo para visitar el inmueble. Y no se limitaron únicamente al cobro inicial por la visita. La agencia también exigía una tarifa de otros 50 dólares para participar en el proceso de selección del inmueble, una cantidad extra que no era reembolsable, independientemente de si el candidato era elegido o no.
Además, el proceso incluía otros pasos que incrementaban la carga administrativa para los interesados. Por ejemplo, se solicitaba a los candidatos registrarse en una plataforma para declarar si tenían mascotas y proporcionar información sobre ellas.
También se les pedía completar documentos relacionados con la solvencia económica, autorizando a la agencia a acceder a información financiera y antecedentes. En el caso de Janice, incluso se requirió que su arrendador anterior respondiera a un cuestionario sobre su experiencia como inquilina.
“Application fee”: ¿Cuál es el fundamento de este cargo?
El “application fee” es una tarifa que busca cubrir los costes administrativos asociados al proceso de evaluación de los posibles inquilinos. Esto incluye la verificación de antecedentes, la revisión de la solvencia crediticia y el procesamiento de la solicitud.
Estas tarifas suelen oscilar entre 10 y 50 dólares (entre 9,1 y 45,8 euros), aunque en mercados inmobiliarios altamente competitivos, como los de Nueva York o California, las cantidades pueden ser aún mayores. En el caso de las compras de propiedades, el cobro de tarifas por visitas es menos frecuente, aunque algunas agencias las aplican para filtrar a los interesados en inmuebles del sector de lujo.
No obstante, la implementación de estas tarifas ha generado críticas por parte de consumidores y organizaciones, quienes señalan que algunas agencias inmobiliarias abusan del sistema al cobrar cantidades excesivas sin justificación clara. En respuesta, de nuevo, estados como California y Nueva York han introducido regulaciones para limitar el importe de estas tarifas y garantizar que solo cubran los costes reales de procesamiento.
Además, han surgido alternativas en el mercado, como servicios de verificación universal, que permiten a los interesados pagar una sola vez por un informe que puede ser utilizado en múltiples solicitudes de alquiler.
También es interesante saber algunos nombres de las compañías que suelen aplicar esta tarifa. Por ejemplo, Zillow, a través de su servicio Zillow Rental Manager, cobra 29 dólares (unos 27 euros) por solicitud, permitiendo a los usuarios reutilizar el informe durante 30 días. Otras plataformas como Realtor.com y Apartments.com también aplican tarifas que oscilan entre 25 y 50 dólares, dependiendo del estado y las políticas del propietario.
Las diferencias con el mercado del alquiler en Europa
En contraste, esta práctica no es común en la mayoría de los países europeos, donde las regulaciones suelen proteger más al consumidor en el proceso de alquiler.
En España, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que los gastos de gestión inmobiliaria deben ser asumidos por el propietario, no por el inquilino. No obstante, siempre hay que estar alerta porque algunas agencias intentan cobrar suplementos que pueden llegar a ser fraudulentos.
El caso de Janice y las experiencias similares reflejan cómo las diferencias regulatorias entre países pueden impactar significativamente en la experiencia de los inquilinos. Mientras que en Estados Unidos el “application fee” es una práctica extendida, en España, por suerte, es considerada ilegal.
