El Gobierno pide a Almeida que elimine los anuncios de más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid: “Está limitando el derecho a una vivienda digna”

El ministerio de Consumo ha detallado las direcciones exactas e información que permite identificar a los propietarios de una parte de los alojamientos que serían ilegales para que el ayuntamiento madrileño pueda poner en marcha acciones para el cese de su actividad

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El ministro de Derechos Sociales,
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Europa Press)

Solo el 7% de los pisos turísticos son legales en Madrid. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este lunes al Ayuntamiento de Madrid un archivo con información elaborada por la Unidad de Análisis de Consumo sobre la publicidad de viviendas turísticas en la capital española y según los datos recopilados, en Madrid se anuncian 16.335 alojamientos turísticos en plataformas online.IUna cifra que contrasta ampliamente con las 1.131 licencias que, según el Consistorio madrileño, han sido concedidas para este tipo de viviendas en el marco del Plan RESIDE, presentado a finales de 2024.

En base a estas cifras, se ha podido estimar que, actualmente, hay más de 15.204 alojamientos turísticos ilegales en Madrid, un dato que desde el ministerio que lidera Pablo Bustinduy se considera “muy preocupante”. Por ello, Consumo ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que proceda a eliminar los anuncios de todas aquellas viviendas turísticas sin licencia en base a sus competencias.

En este sentido, el ministerio ha detallado las direcciones exactas e información que permite identificar a los propietarios de una parte de los alojamientos que serían ilegales para que el ayuntamiento madrileño pueda poner en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores, según ha informado el organismo en un comunicado difundido este lunes. De esta manera, ejemplifican que entre los datos aportados hay al menos 14 anuncios de pisos turísticos sin licencia en la calle Mayor y 11 anuncios en la calle Preciados.

Bustinduy pide la intervención de las administraciones competentes

Caja de seguridad para las
Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico. (Eduardo Parra / Europa Press)

El ministro de Consumo ha reclamado que todas las administraciones competentes intervengan para poner fin a estas posibles actividades ilícitas que, según ha denunciado, "está limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía".

Y es que, los datos presentados esta mañana suponen decenas de miles de URLs de anuncios en plataformas de alquiler de pisos turísticos, segmentados para poder detallar el número de registro o la ausencia del mismo, la información sobre el anfitrión y el tipo de alojamiento y estancia que se ofrece. De esta forma, se ofrecen evidencias digitales de gran valor para que el gobierno municipal de Martínez-Almeida pueda investigar la situación de estos alojamientos, llevar a cabo el cese de su actividad y la apertura de expedientes sancionadores, así como la eliminación de los anuncios en estas plataformas.

En el caso de los más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia urbanística en la ciudad de Madrid, es el Ayuntamiento quien puede actuar por tratarse de incumplimientos de la normativa municipal.

Hacienda intensificará el control de estas viviendas para identificar rentas no declaradas

La Agencia Tributaria también intensificará el control sobre los operadores del mercado del alquiler turístico que utilicen plataformas online para publicitar sus viviendas. Se trata de una de las líneas de actuación del nuevo ‘Plan de Control Tributario y Aduanero de 2025’, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con el que se pretende, entre otras cosas, incidir en la supervisión y regulación del mercado del arrendamiento turístico a través de las plataformas online (como Airbnb o Booking).

Una decisión que viene exigida por la proliferación de inmuebles ofrecidos en alquiler de este tipo y con la que se busca “identificar posibles titulares de las rentas no declaradas tanto propietarios (personas físicas o jurídicas, residentes o no) como intermediarios en la gestión arrendataria”, según especifica la normativa.