En 2023, la Unión Europea se propuso un objetivo: que en 2035 todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan en la UE a partir de ese año estén libres de CO₂. Mientras tanto, se espera que para 2030 se hayan reducido las emisiones de la UE en al menos un 55%. Y para esto se quiere que en el año 2030 existan en España un total de 5,5 millones de vehículos eléctricos, de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se recoge normativa nacional y europea. Sin embargo, parece que para cumplir con esa cifra todavía queda. El punto para cumplir con las expectativas de Bruselas pasa por aumentar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y mejorar la calidad de los puntos de recarga. Eso sí, a un ritmo acelerado.
Según el informe “Impulso a la Movilidad Verde”, elaborado por Payment Innovation Hub y Afi, en colaboración con CaixaBank, Visa y Arval, España tiene una flota de vehículos eléctricos que sigue creciendo, pero aún está lejos de alcanzar esos cinco millones y medios que se esperan tener para dentro de cinco años. A cierre del tercer trimestre de 2024, el parque de vehículos eléctricos de España alcanzaba los 420.000, con un crecimiento del 18,6% en 2024. Esto es, que deberían producirse y comprarse una media de millón anual de vehículos eléctricos para alcanzar la cifra establecida de 5,5 millones en 2030, lo que supone un aumento del 1.209% en estos cinco años.
Sin embargo, este aumento de la flota se ve limitado por la insuficiente infraestructura de recarga, que en 2024 contaba con 39.000 puntos de recarga, aproximadamente el 39% del objetivo del Plan de Recuperación para 2023. Según señalan en el informe, España necesita instalar 19.300 nuevos puntos de recarga ultrarrápida entre 2025 y 2030 para satisfacer la demanda prevista.
De hecho, esto es uno de los motivos clave por el que muchos conductores no paran a comprarse un vehículo eléctrico. Según la encuesta Monitor de consumidores sobre conducción eléctrica en 2023, elaborada por el Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos (EAFO) declaró que el 40% de los encuestados se echaban para atrás por la falta de puntos de recarga públicos.
Los puntos de recarga, una distribución desigual
A pesar de los esfuerzos por aumentar la infraestructura, la distribución de los puntos de recarga es desigual en todo el país. Las áreas urbanas, como Madrid y Barcelona, concentran la mayor parte de los puntos, mientras que áreas del interior peninsular, como Castilla-La Mancha y Extremadura, enfrentan una infraestructura escasa. De hecho, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran casi el 58% de todos los puntos de recarga en España. Esta disparidad se refleja también en la densidad de los puntos de recarga por habitante, donde las grandes ciudades lideran, pero las zonas rurales siguen rezagadas.
La falta de puntos de recarga adecuados es uno de los obstáculos principales para la adopción masiva de vehículos eléctricos. A pesar de que las ayudas públicas a la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga se han incrementado, como se ha visto con el programa MOVES III, la burocracia y la falta de coordinación entre administraciones retrasan la instalación de nuevos puntos. Según el informe, el proceso de instalación de puntos de recarga puede tardar hasta tres años debido a los trámites y las diferencias administrativas entre comunidades autónomas.
La UE da oxígeno
Sin embargo, a comienzos de este mes de marzo, Bruselas dio oxígeno al sector del automóvil. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó relajar las normativas de reducción de emisiones para los fabricantes de coches este lunes. En concreto, pretende aplazar el calendario para cumplir con los objetivos de reducción del 15% durante tres años. Con esto, de manera excepcional, las empresas tendrán hasta 2027 para ponerse al día con los objetivos, los mismos que en 2025.
Las patronales del automóvil europeo señalaron además la imposibilidad de cumplir en el plazo la norma de emisiones de CO2 que establece la Comisión Europea. Se trata de la normativa CAFE, que establece límites de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro para 2025 y cuyo incumplimiento podría amenazar a las empresas con multas milmillonarias.
