La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida antiguamente como el “banco malo”, ha decidido frenar la comercialización de sus activos residenciales en las próximas semanas.
Esta medida implica la retirada del mercado de una importante cantidad de viviendas que, hasta ahora, se ofrecían a precios accesibles, con un promedio de 90.000 euros por unidad.
No obstante, este cambio responde al plan del Gobierno de Pedro Sánchez de destinar parte de estos inmuebles al alquiler social a través de una nueva empresa pública de vivienda.
En 2023, Sareb logró vender 10.500 viviendas mediante canales minoristas, con un precio medio que las posicionaba como una de las opciones más asequibles para los compradores en España. Estas transacciones fueron gestionadas por los servicers Hipoges y Anticipa/Aliseda, empresas encargadas de la desinversión de los activos de Sareb.
Sin embargo, el contrato con estos gestores, que vence en agosto de 2024, podría no renovarse en los mismos términos, ya que la paralización de las ventas residenciales afectará significativamente a su actividad comercial.
Un cambio de rumbo con implicaciones sociales y económicas
La decisión del gobierno de redirigir su estrategia hacia el alquiler social representa un cambio significativo en el mercado inmobiliario español. Hasta ahora, las viviendas gestionadas por el “banco malo” ofrecían una alternativa económica para los compradores, especialmente en un contexto de creciente dificultad para acceder a la vivienda que nos viene acompañando desde hace unos cuantos años.
Sin embargo, el nuevo enfoque del gobierno busca abordar la crisis habitacional desde una perspectiva social, priorizando el acceso a viviendas asequibles para los sectores más vulnerables. Este plan forma parte de una serie de medidas que Pedro Sánchez anunció recientemente.
Este cambio también plantea interrogantes sobre el futuro de los activos que no sean considerados aptos para el alquiler social. Aunque la mayor parte de la cartera de Sareb podría adaptarse a este uso, algunos inmuebles, debido a su ubicación o características, podrían quedar fuera del traspaso a la nueva entidad pública. En estos casos, Sareb deberá decidir cómo gestionar estos activos para cumplir con su mandato de desinversión.
Una nueva empresa pública para el alquiler social
El freno en la venta de viviendas se enmarca en el proceso de traspaso de activos de Sareb a una nueva entidad pública de vivienda, que se construirá sobre la base de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Esta nueva empresa tendrá como objetivo principal destinar los inmuebles al alquiler social.
En los próximos días, el Consejo de Administración de Sareb se reunirá para formalizar la paralización de la actividad comercial residencial y convocará una Junta General de Accionistas. Durante este periodo, se llevará a cabo un análisis exhaustivo para determinar qué activos serán transferidos a la nueva entidad pública.
En definitiva, la paralización de la venta de viviendas por parte de Sareb y su reorientación hacia el alquiler social marcan un punto de inflexión en la política de vivienda en España. Este movimiento, impulsado por el Gobierno, busca responder a las crecientes demandas de acceso a viviendas asequibles, así como la crisis y el debate de otros asuntos, como la reforma de la Ley del Suelo. Aún así, no está exento de desafíos.
