Las viviendas de uso turístico (VUT) continúan en el punto de mira. Y es que, su incremento continua generando un impacto significativo en el mercado inmobiliario. El pasado mes de noviembre de 2024 había un total de 368.295 viviendas de este tipo en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de 28.588 pisos menos que en agosto del mismo año, cuando se alcanzó la cifra más alta desde que se tienen registros y que llegó representar el 1,5% del total de viviendas en el territorio español.
A estos datos se añade la preocupación por su legalidad. En Madrid, por ejemplo, existen aproximadamente 18.000 establecimientos turísticos, de los cuales el 92% son pisos. De estos, solo el 7% se encuentran dentro del marco legal, lo que plantea desafíos en términos de regulación y control. La proliferación de estos inmuebles no registrados genera un entorno de competencia desleal, afecta a la oferta de alojamiento tradicional y, en muchos casos, contribuye a la falta de garantías para los turistas. Además, la falta de regulación adecuada dificulta la identificación de los propietarios y los intermediarios que gestionan estos alquileres, lo que complica la fiscalización y la recaudación de impuestos.
Por ello, el Gobierno de España continua buscando y aplicando medidas para regularlos. Por un lado, la Agencia Tributaria ha anunciado que intensificará su control para identificar rentas no declaradas, mientras que dentro de un mes, el próximo 3 de abril, entrará en vigor una nueva norma para reducir su proliferación.
Una normativa con la que los propietarios que deseen destinar sus inmuebles a este fin deberán contar con la aprobación explícita de tres quintas partes de los vecinos de su comunidad, entre otras. Aunque tendrá que respetar lo dispuesto por el Tribunal Supremo, que ha determinado que solo se pueden prohibir los pisos turísticos si las comunidades de propietarios así lo fijan de forma expresa en sus estatutos.
La medida de Roma que puede sembrar un precedente
El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Roma comenzó a retirar las ‘keyboxes’, esas cajas en las que los propietarios de los apartamentos turísticos dejan las llaves para permitir la entrada a sus huéspedes sin tener que tener ningún tipo de contacto con ellos. Así lo informó el concejal de Turismo capitolino, Alessandro Onorato, que afirmó en sus redes sociales que “Este es solo un inicio y terminaremos una vez que el decoro y la legalidad triunfen”.
La medida consistía en acabar con todas las cajitas de seguridad, que ya hasta podían verse colgando de las señales de la calle o en las farolas, además de en las puertas y portales de los edificios romanos. Además, para facilitar su retirada, el Ayuntamiento habilitó un correo electrónico en el que los vecinos pueden denunciar sus presencia, para que posteriormente la Policía local acudiese a eliminarlas.
De esta manera, la idea es que los propios propietarios de estas viviendas turísticas tengan que recibir en persona, o no recibir, a sus inquilinos de corta duración. “Confiamos en que, manteniendo alta la atención e implicando a la ciudadanía de forma constante, los dueños de estas instalaciones comprendan que este juego ha durado demasiado”, aclaró Onorato.
