Las comisiones millonarias de Luis Medina y Alberto Luceño, el desencadenante del caso Koldo o la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, todas tienen un nexo en común: todas giran alrededor de la compra fraudulenta de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia.
Sin embargo, antes de todos estos casos, saltaba a los titulares uno diferente y, quizás, menos conocido. El 15 de junio de 2021 la Guardia Civil detenía a Óscar Liria Sánchez, el que fue vicepresidente de la Diputación de Almería con el PP durante tres décadas, junto a otras diez personas.
Era la primera vez que un caso como estos afectaba a un cargo público y en el que la UCO quería consultar el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas, según la investigación que llevó en su momento elDiario.es.
Azor, de la que era administrador Kilian López Sole (amigo de la infancia de Liria) estaba desde hacía tiempo bajo el radar de un juzgado de Barcelona, que investigaba si formaba parte del entramado de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Esto quedó en nada, pero bajo las mascarillas había más que investigar.
En el curso de las pesquisas, los agentes descubrieron que Azor había recibido una jugosa suma de dinero público a cambio de material sanitario y los propios agentes subrayaron aquellos días que era la primera vez que se detectaba un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del COVID-19 implicando a cargos públicos.
Liria, que fue cesado del cargo y expulsado del PP tras ser detenido, reconoció en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que fue el contacto para el contrato de dos millones de euros para el suministro de mascarillas, pero negó haber cobrado ninguna mordida.
Imputado un agente de aduanas
En todo este entramado, han acabado imputadas una decena de personas, con muy diferentes perfiles, entre ellas Roberto M.G., agente de aduanas y administrador de World Transport en el momento de los hechos.
Roberto no había trabajado nunca con Killian, pero si con la fábrica china que fue la encargada de proveer el material sanitario a la Diputación de Almería. Estos fueron los que pusieron en contacto a Killian con el transportista. Este desconocía lo sobredimensiado que estaban los contratos realizados por la Diputación, pero al haber sido un “cooperador necesario” en la compra, se encuentra entre los imputados.
Este martes ha declarado ante el juez desde los juzgados de Plaza Castilla, por videoconferencia. Según ha explicado su abogado, Alfredo Arrién, de Paredes y Asociados, a los medios Roberto ha defendido que “su única relación con el entramado era simplemente como agente de aduanas”.
Esta fue la razón por la que hizo el encargo profesional para la importación de estas mascarillas, “de las cuales desconocía su estado y, por supuesto, el valor de adquisición de las mismas”.
“Una vez terminada la importación, recibió como pago sus honorarios que estaban hechos a través de una factura normal con unos criterios arancelarios normales. Fue abonada y la mercancía fue entregada al destinatario final, lo que puso fin a su relación comercial con la Junta de Andalucía y con el partner de la Junta de Andalucía”, ha añadido.
Por esta razón, desde su defensa, piden el sobreseimiento del procedimiento respecto a Roberto y que se archive su causa.
