Este domingo se cumple un año desde la entrada en vigor del límite al precio del alquiler en Cataluña. La medida, fruto de un acuerdo entre la Administración autonómica y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, comenzó con la declaración de 140 municipios como zonas tensionadas. En octubre, la lista se amplió con 131 localidades más, alcanzando un total de 271 municipios -donde reside el 90% de la población- bajo esta regulación, cuyo objetivo es controlar y reducir los precios de las rentas.
Para ello, se estableció un Índice de Precios de Referencia, un sistema que fija un rango de precios máximos y mínimos para los alquileres en las zonas tensionadas. Este cálculo se basa en diversas características de las viviendas, como su superficie, estado de conservación, la presencia de ascensor o aparcamiento, el año de construcción y la disponibilidad de zonas comunes.
El Gobierno ve sus frutos: bajan los precios y sin reducción de la oferta, según sus datos
Un año después de la aplicación de la norma, el Gobierno ha visto sus frutos. Según datos de la Generalitat, el precio medio de la vivienda en alquiler ha revertido la subida que venía experimentando entre 2021 y 2023 y ha caído un 3,7% en el conjunto de los municipios declarados tensionados y un 6,4% en Barcelona, a la vez que se han registrado aproximadamente unos 1.000 nuevos contratos cada mes en el conjunto del territorio.
Se trata de “una buena noticia”, según valoró el pasado viernes en rueda de prensa la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Por ello, Rodríguez instó al resto de comunidades y ayuntamientos españoles a seguir el ejemplo de la región catalana.
Y parece que la normativa no ha supuesto una reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda, la oferta ha aumentado en 17.000 viviendas entre 2023 y 2024 en Cataluña, y en 3.000 en Barcelona. Por ello, Collboni al ser cuestionado por informes del sector que apuntan a una disminución del parque de viviendas en alquiler, afirmó que “lo que ocurre en un portal (inmobiliario) no es lo que pasa en la ciudad”.
En este sentido, la consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque puntualizó que los datos contradicen “lo que algunos habían dicho sobre una disminución de nuevos contratos” y subrayó que la legislación ha alargado el periodo de los arrendamientos, desde tres a cinco años, lo que sugiere que si hay “menos movimiento” en el mercado es debido a que hay “más estabilidad”. Una opinión que compare Rodríguez, que recalcó que en las zonas declaradas tensionadas, “los propietarios no tienen incentivos para cambiar de inquilino”, lo que hace que el mercado sea más “estable”.
Sin embargo, los alquileres de temporada (en los que el inmueble no se destina a vivienda habitual y permanente del arrendatario, sino para cubrir la necesidad de vivienda por un tiempo concreto como un periodo vacacional o de trabajo) siguen aumentando en la comunidad autónoma. En 2024 se registraron 4.187 contratos más de ese tipo respecto a 2023, lo que representa un incremento del 45%, según los datos ofrecidos por la Generalitat. La ministra de Vivienda explicó que esa tipología de contrato es necesaria para perfiles como estudiantes o trabajadores que se desplazan temporalmente a una ciudad, y que el problema es el “fraude de ley” que se está produciendo en el mercado. Además, el ministerio descartó que el incremento de alquileres de temporada esté vinculado a la declaración de zonas tensionadas, ya que “se están disparando exactamente igual que en Madrid donde no están bajando los precios”.+
El sector inmobiliario discrepa y muestra los efectos de la normativa sobre la oferta de viviendas en alquiler permanente
Las organizaciones inmobiliarias y empresas privadas no coinciden con los datos y opiniones de las administraciones públicas. Tanto los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria -API-, como la asociación de promotores de Cataluña -APCE- consideran que la aplicación del tope del alquiler ha agravado aún más el problema del acceso a la vivienda al reducir la oferta. A pesar de que desde los gobiernos nacional y autonómico niegan este efecto negativo, estas asociaciones consideran que la inseguridad jurídica y la imposibilidad de hacer viables algunas operaciones están detrás de la huida de las inversiones en el mercado de alquiler.
“En este año, con la declaración de zonas tensionadas en vigor, no sólo se ha registrado una importante retirada de pisos en oferta de alquiler, si no que la práctica totalidad de los proyectos de ‘build to rent’ que estaban previstos hacer en Cataluña han acabado pasando a la venta” explicaron desde la APCE.
De hecho, el pasado viernes, el portal inmobiliario Fotocasa publicó los resultados de su último informe Fotocasa Research, en el que alertaba de los efectos de las limitaciones sobre los precios de los alquileres en Cataluña. Según sus cifras, un 6% de los propietarios catalanes afirmaba que ya había retirado la vivienda en régimen de alquiler de larga duración en el último año y un tercio de los propietarios están optando por trasladar sus inmuebles a otros regímenes sin limitaciones de precios como el alquiler vacacional.
*Noticia elaborada con información de agencias
