La incapacidad permanente es esa condición laboral que certifica que un trabajador sufre una reducción significativa en su capacidad para desempeñar su profesión debido a limitaciones físicas o funcionales.
Este reconocimiento, regulado en el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, implica el derecho a una pensión y suele derivarse de una incapacidad temporal previa. En estos casos, tras un proceso de evaluación, se determina si la persona afectada está incapacitada para continuar en su puesto o para realizar cualquier otra actividad laboral. Pero, cuando se concede la incapacidad permanente, ¿cuánto se cobra?
Desde su cuenta de TikTok, la abogada Inma (@inma.jurista) aclara que lo primero es “distinguir los diferentes tipos de incapacidad”. Por ejemplo, si se otorga la incapacidad permanente total “es el 55% de tu base reguladora”. “Ahora bien, puedes llegar al 75% si tienes 55 años o más y cumples una serie de requisitos”, continúa explicando.
Por otro lado, si se concede la incapacidad permanente absoluta “es el 100%”, y en el caso de la condición de gran invalidez “es el 100% más un complemento”. De igual manera, la creadora de contenido también recuerda que “la única incapacidad que te permite trabajar es la incapacidad permanente total, siempre que no se trate del trabajo por el que te concedieron la incapacidad”.
Esto quiere decir que, en el caso de la incapacidad permanente total “podrías seguir cobrando tu pensión y cobrando también por otro trabajo que fuera diferente a por el que te concedieron la incapacidad”.
Requisitos y proceso para solicitar la incapacidad permanente
Para acceder a una pensión por incapacidad permanente, es necesario cumplir ciertos requisitos establecidos por la Seguridad Social. En primer lugar, el trabajador debe haber pasado un período de incapacidad temporal en el que los informes médicos indiquen que no puede reincorporarse a su puesto. Además, se exige haber cotizado un mínimo de años, salvo en casos de enfermedad profesional o accidente laboral, donde no se requiere un tiempo previo de cotización.
El proceso de solicitud comienza con la valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que analiza los informes médicos y emite un dictamen a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). Este organismo determina el grado de incapacidad y la cuantía de la pensión correspondiente. Si la resolución es desfavorable, el solicitante puede presentar alegaciones o recurrir la decisión ante la vía judicial.
Impacto en la vida social y laboral
Obtener una incapacidad permanente no solo supone un cambio económico para el trabajador, sino que también afecta a su vida laboral y social. En el caso de la incapacidad permanente total, la persona puede continuar trabajando en otro empleo distinto al que motivó su incapacidad. Sin embargo, aquellos que reciben la incapacidad absoluta o la gran invalidez quedan fuera del mercado laboral, lo que puede generar incertidumbre sobre su futuro profesional.
A nivel social, según análisis del INSS, muchas personas enfrentan dificultades para adaptarse a esta nueva situación, ya que la pérdida de su empleo habitual puede afectar a su autoestima y bienestar emocional. En este sentido, existen programas de reinserción y formación para ayudar a quienes, pese a sus limitaciones, deseen seguir activos en otros ámbitos laborales. Además, la incapacidad reconocida puede abrir el acceso a beneficios adicionales, como reducciones fiscales o ayudas para adaptar el hogar a nuevas necesidades.
