Una de las noticias más relevantes sobre vivienda en las últimas horas dirige a Sevilla, donde acaba de abrirse convocatoria para optar a una de las 92 VPO en el nuevo barrio de la Cruz del Campo. El ayuntamiento de la ciudad invierte 13 millones de euros en los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de la cerveza Cruzcampo para un espacio que, confía, ayudará a decenas de familias a solucionar el problema de no poder comprarse una casa. Hasta aquí, todo bien, pero hay que seguir contando.
Los interesados se han llevado una desagradable sorpresa, más bien un susto, al descubrir que no pueden permitirse ya ni la protección oficial. La empresa municipal de Suelo, Emviseca, ha dado a conocer el precio de los inmuebles. Los más asequibles, con dos dormitorios, garaje y trastero, cuestan 199.771 euros sin IVA. Los más caros, de cuatro habitaciones, superan los 255.000. Los responsables excusan que construyen promotoras privadas, a falta de públicas, y sus tarifas son las que son.
En este caso, la furia va dirigida a una institución, pero no es el caso mayoritario, si bien la ciudadanía es consciente de que son los gobiernos, del nacional a los municipales, sin obviar los autonómicos -con las mayores competencias en la materia- los que permiten que el mercado favorezca el enriquecimiento ilimitado a costa de un derecho o bien establezcan una regulación que equilibre la balanza y no deje en la calle a ciudadanos con uno o varios empleos.
“La era de la escasez”
Comúnmente, quien tiene más a mano un inquilino para señalar es al casero, que es quien legítimamente decide cuánto vale que puedas vivir en su propiedad, o si eres la persona adecuada para ocuparla. Pero los salarios no suben al ritmo que lo hace tener un techo, y suben los alquileres, y muere el ahorro, y con ello cualquier aspiración de compra.
Y especialmente los jóvenes viven una situación que sus padres -corroboran los datos- no conocieron. Y esos jóvenes cumplen años y la situación no mejora, viendo que sus sueños acaban en manos de fondos e inversores, que especulan con ellos. Fue Sergio Gutiérrez, cofundador de la agencia inmobiliaria Excellence Real Estate Circle, también divulgador en redes sociales, quien alertó de que “la clase media ya no existe en España”. Y quien divide ya a la sociedad en inquilinos y propietarios.
En uno de sus vídeos, Gutiérrez (@sergio_excellence_circle) recoge un sentir que se ha exhibido sobre todo en últimas manifestaciones por la vivienda, en las que inquilinos han exclamado odio contra los propietarios, amenazando con huelgas en el pago. El experto no culpa a ninguna de las dos partes, ni a unos por su frustración ni a los otros de las reglas del juego que se han permitido y siguen permitiendo en nuestro país. Lo achaca a algo que llama “la era de la escasez”.
“Sin rumbo en política de vivienda”
“La era de la escasez -comienza- ha abierto una herida profunda entre caseros e inquilinos. Una crisis habitacional sin precedentes que ha generado una sensación de enemistad, cuando en realidad ni inquilinos ni caseros lo han querido. Pero hay algo que sí les une, algo que aterroriza a ambos; algo que, desde el momento en que se firma el contrato, ya se sabe que llegará”. No es otra cosa, revela, que “el final del contrato”.
“Los inquilinos -explica Gutiérrez- viven con miedo a que llegue ese momento porque saben que si no les renuevan, que es lo más normal hoy en día, tendrán que salir a buscar un nuevo alquiler... y no van a encontrar nada como lo que tienen. Porque los precios han subido y porque no hay oferta de vivienda”. Y para los propietarios -continúa- “el miedo es que el inquilino les diga que no puede irse. Porque no encuentra nada. Y ahí, la pesadilla: se convierte en un inquiokupa”.
“¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”, se pregunta este experto. A su juicio, la respuesta es inequívoca, apuntando a las instituciones: “Porque llevamos años sin un rumbo claro en política de vivienda, y cada vez vamos a peor”.
