Fue a finales de mayo del 2024 cuando el PSOE decidió retirar del orden del día del Congreso de los Diputados su propuesta para reformar la Ley del Suelo, debido a que ésta no reunía los apoyos suficientes para salir adelante. No obstante, ya en ese momento, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguró que aquella propuesta de reforma iba a volver a ser presentada en cuanto pasase el auge de las elecciones europeas, y eso es lo que ha sucedido esta semana, ya en 2025, pero esta vez con el apoyo del PNV.
El argumento del partido socialista para defender esta reforma de la Ley del Suelo es que uno de los principales problemas de la vivienda en España es el intenso bajón en la construcción desde la crisis del 2008, y la consecuencia de que no se hagan las suficientes casas para cumplir con la demanda que existe.
Precisamente por esto, su reforma plantea limitar el efecto de las denuncias en los proyectos de ordenación urbanística, y así evitar la ralentización que suelen provocar debido a, en muchas ocasiones, defectos menores y subsanables.
Pero lo cierto es que hay distintos planteamientos con respecto a si esta es una buena medida para acabar con la crisis de la vivienda, o si, por el contrario, habría que tomar otras decisiones.
¿Cuáles son los motivos por los que el resto de partidos políticos, incluidos los socios de gobierno del PSOE, exceptuando al PNV y Coalición Canaria, no están de acuerdo con la reforma de la Ley del Suelo?
En un momento clave, en el que el conjunto de la ciudadanía necesita soluciones para poder desarrollar proyectos de vida -que van ligados a poder comprar o alquilar una casa- el Gobierno busca llegar a un acuerdo, y es importante conocer en profundidad la reforma que plantea el PSOE y el punto de vista de otros partidos como Sumar, Podemos o ERC.
Los principales cambios que plantea la reforma
La situación es la siguiente: un proyecto urbanístico está avanzando, y de repente se establece que hay un defecto formal, de mayor o menor gravedad. Esto causa que de forma inmediata todo el plan, en conjunto, sea anulado. La repercusión es importante, porque la obra se paraliza, y todos los avances que se han ido haciendo hasta ese momento -que a veces han sido a lo largo de los años- dejan de servir para nada.
Y además, en este tipo de situaciones, el plan urbanístico que se instaura es el que estaba anteriormente, lo que provoca, en palabras de los expertos, una desactualización urbanística que no presta atención a las necesidades presentes del lugar ni de las personas que viven en él.
Lo que plantea en ese sentido el PSOE es que la reforma de la Ley del Suelo revierta esa anulación total de los proyectos urbanísticos, y que en caso de que alguno de ellos reciba una denuncia porque hay algún defecto que subsanar, solamente se anule ese apartado al que la demanda hace referencia y no la totalidad del proyecto. La idea, por tanto, no es que las denuncias no vayan a ninguna parte, y los proyectos sigan avanzando independientemente a ellas, sino que solamente se paralice el ámbito al que hacen alusión las quejas, y el resto del proyecto pueda seguir evolucionando.
A esta idea se añade otra sobre los proyectos que ya a día de hoy han sido anulados. Y es que, si se llegase a aprobar esta reforma, los casos de planes urbanísticos que hubiesen sido recurridos en los tribunales, y en los que se dictase una sentencia después de su aplicación, tendrían un margen de tiempo de un año, con una prórroga extra de seis meses, para que se corrigiesen los aspectos subsanables del plan y de esta forma pudiese salir adelante.
El PSOE asegura que esta norma logrará poner coto a las personas que se aprovechan de la normativa vigente y que presentan reclamaciones contra determinados proyectos urbanísticos, para luego terminar retirando estas quejas cuando se llega a acuerdos económicos.
Un déficit de 600.000 casas, según los datos del Banco de España
La ausencia de casas ya construidas no es el único motivo por el cuál se ha llegado a una situación tan angustiosa, pero sí es uno de los más importantes. Muchas voces explican que el enorme desequilibrio que existe entre la oferta de pisos y la demanda es el principal motivo por el cual alquilar y comprar es tan caro.
En concreto, el Banco de España ha lanzado datos aproximados desde el año 2021, en los que se calcula que en España se construyen unas 90.000 casas anuales, cuando en momentos álgidos del sector, antes de 2008, se llegaron a crear unas 600.000 casas por año.
El año pasado la subida de precios de compra y de alquiler fue de un 8,6% más que en 2023, lo que estableció un coste aproximado de unos 2.176 euros el metro cuadrado, y aumentando. Las estimaciones para este 2025 se ponen en un 5% más que en 2024.
Pero la diferencia entre la escasa oferta y la alta demanda no es el único factor que explica el encarecimiento de los precios. Otro de los grandes temas es el hecho de que durante las últimas décadas la mayor parte de las casas hayan pasado de estar protegidas, es decir, con un precio máximo fijado, a ser libres, lo que da la oportunidad a los dueños de poner el precio de venta que consideren justo.
La vivienda social en España, según las estadísticas, supone un total del 2,5% de todas las que existen, mientras que la media que hay en el resto de países de la Unión Europea es del 9,3%.
Y todavía hay más. No todas las casas que se compran se adquieren para vivir, y aquí viene el conflicto que más grave consideran los partidos a la izquierda del PSOE, y por el que no están de acuerdo con la propuesta que se ha planteado para modificar la Ley del Suelo.
El centro de análisis y previsiones FUNCAS ha dado el dato de que unas 60.000 viviendas -de las 90.000 que se construyen de media anual en España- no se compran como residencia habitual, sino como segunda vivienda, o bien como proyecto de inversión que permanece vacío o en régimen de alquiler turístico, a la espera de que los precios suban y se pueda vender a un mejor precio.
Y es que en la actualidad hay un total aproximado de unas 500.000 casas dedicadas al alquiler turístico, y, por tanto, vetadas para aquellos que quieren alquilar un piso para todo el año. Hay muchísimas menos ofertas de alquiler anual que nunca, y eso también contribuye a la subida de los precios. Aquí cabe destacar también el dato de todas las viviendas compradas por extranjeros no residentes, que representan casi el triple que antes de 2008, situándose hoy en día en torno al 8% del total.
No es únicamente la falta de construcción la que nos ha traído hasta aquí, sino la ausencia de pisos con precios máximos fijados por ley y la especulación, que hace que, para más inri, haya muchos pisos que permanecen vacíos mientras hay personas que no tienen, literalmente, dónde vivir.
¿Qué partidos están en desacuerdo y cuáles son sus argumentos?
Los votos en contra a la reforma de la Ley del Suelo del PSOE han sido mayoritarios, aunque por motivos bastante diferentes. Específicamente, el PP, Junts, Sumar, ERC, Bildu y Podemos no se mostraron conformes con la propuesta, mientras que Vox decidió abstenerse y solamente PNV y Coalición Canaria apoyaron al PSOE.
En el caso del Partido Popular, los motivos que les han llevado a votar en contra de la reforma de la Ley del Suelo son, en palabras, suyas, que el PSOE ha presentado “una mala copia” de la que fue su propuesta de reforma de la misma ley, y que además “se ha quedado corta” para intentar paliar todos los problemas que atañen a la vivienda en la actualidad.
Sin embargo, Maribel Vaquero, diputada del PNV que fue la encargada el otro día en el Congreso de defender esta reforma, espetó al PP que, aunque era cierto que la propuesta que ellos lanzaron en 2018 era más amplia, en lo que se refería a la Ley del Suelo era idéntica a la actual, y que no tenía ningún sentido su voto en contra.
Los que sí mantienen una oposición más sólida al planteamiento del PSOE son los partidos a su izquierda, Sumar y Podemos. Ambos aseveran que la reforma de la Ley del Suelo debe enfocarse de otra forma, porque con limitar el efecto de las denuncias a los proyectos urbanísticos lo que se hace es favorecer los pelotazos inmobiliarios, y además aligerar las herramientas que tienen los ciudadanos para poder luchar contra ellos.
En concreto, Noemí Santana, de Podemos, ha afirmado que el hecho de que la reforma sea igual a la que planteó el PP es “una mala noticia”, y que además la letra pequeña de la reforma tiene algo con lo que están en desacuerdo: el asunto de que las denuncias a partir de ahora solamente tendrán un margen de cuatro años, cuando a veces se necesitan décadas para detectar los casos de corrupción en el ámbito de la construcción.
Sumar se posiciona a la par de esta idea, y añade que apoyar esta reforma implicaría afirmar que el sistema funciona correctamente, y que la crisis de la vivienda es un mero problema de burocracia, cuando es algo bastante más complejo y profundo. Desde este partido, además, niegan que exista un problema de construcción de vivienda: los datos, dicen, dejan claro que en España hay en la actualidad 4 millones de viviendas vacías, y medio millón de pisos de alquiler turístico, y que luchar contra esto sería la llave de la solución.
El artículo 18 de la Ley del Suelo que menciona Bildu
Ambos partidos, junto con Bildu, consideran que la resolución de este problema tendría que darse con medidas más orientadas a prohibir la venta del suelo de vivienda pública, que no puedan desclasificarse las Viviendas de Protección Oficial, y que se regularicen las viviendas de alquiler turístico, que es algo que también ha empezado a hacerse.
Oskar Matute, portavoz de Bildu, habló de soluciones más específicas, y orientadas hacia otro lado que no fuese la propuesta del PSOE. En concreto mencionó el artículo 18 de la actual Ley del Suelo, que habla de las plusvalías en el cambio de uso del suelo y dice que el poder público solo se puede quedar entre el 10% y el 15%. “Si de verdad queremos alterar las cosas, tendríamos que aumentar estos porcentajes”.
Por su parte, los partidos catalanes explicaron que su voto en contra se debió a que la propuesta del PSOE invade las competencias de la Generalitat en materia de vivienda, mientras que ERC también incidió, como Sumar, Podemos y Bildu, en que es “muy grave” hacer una ley que limite los derechos de los ciudadanos a impugnar proyectos urbanísticos.
Decisiones seguras para resolver la crisis de la vivienda
En paralelo al debate sobre la reforma de la Ley del Suelo, el Gobierno anunció el pasado mes de enero una serie de medidas en materia de vivienda.
Entre ellas, destacan la creación de una Empresa Pública de Vivienda, así como la transferencia de vivienda y suelo a la misma, y la incorporación de otras tantas casas a la SAREB -durante el primer trimestre del 2025, pero con el objetivo de que sean más a lo largo del año-.
De igual forma, blindar la vivienda protegida del Estado, crear un sistema de garantías públicas para proteger a todos los participantes del alquiler asequible y rehabilitar las viviendas vacías, orientadas a ese alquiler asequible, son otras de las decisiones que se han tomado.
Falta por saber de qué forma el gobierno tratará de llegar a un acuerdo sobre una reforma, la de la Ley del Suelo, que no ha juntado los acuerdos necesarios, pero que necesita llegar a un lugar común para tratar de aliviar un problema que se está agravando cada vez más.
