El material presente en la oficina o sede de una empresa no pertenece a los empleados, salvo que así lo estipule su contrato. Sustraer cualquier objeto sin autorización puede acarrear el despido si el empleador se entera. Además, hay que tener en consideración que aunque el artículo tenga un valor pequeño, el motivo de cese de actividad procedente prevalece.
Un caso de esta índole acaba de ser revelado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Sala de lo Social confirmó el despido disciplinario de María Milagros (nombre ficticio), extrabajadora de Freepik Company S.L., aplicando el artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. El fallo, emitido el 25 de noviembre de 2024, sentencia también que la extinción laboral de la demandante no vulneró derechos fundamentales ni se llevó a cabo de manera improcedente, como sostenía la defensa de la exempleada.
El proceso se originó con la demanda interpuesta el 14 de diciembre de 2022 por María Milagros contra Freepik Company S.L. y varios de sus compañeros y otros miembros del equipo. La trabajadora solicitaba la declaración de nulidad del despido con compensación por vulneración de derechos fundamentales, y de manera subsidiaria, que se declarara como un despido improcedente. Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Social Nº 7 de Málaga, mediante fallo inicial en mayo de 2024, como el TSJ ratificaron que el despido era procedente, avalando la decisión empresarial.
Reconoció robar ropa de la empresa
Según el Tribunal, la actora, que desempeñaba funciones como asistente de producción desde 2019, reconoció haber sustraído varias prendas de ropa sin autorización expresa durante un proceso de reorganización del departamento de fotografía interna de la empresa. Este proceso incluyó el cierre del estudio fotográfico, la reubicación de los empleados en otras áreas y la realización de un inventario del material, dentro del cual se encontraba atrezzo, mobiliario y objetos destinados a sesiones fotográficas.
Los hechos probados describen que María Milagros, entre el 4 y 17 de octubre de 2022, participó en la clasificación de estos bienes e interpretó erróneamente que podía llevarse parte de ellos sin solicitar permiso. En una reunión individual mantenida con sus superiores, admitió haber sustraído prendas como camisetas, pantalones y otros objetos de marcas como Zara y Primark, además de colaborar con otra compañera, Inocencia (nombre ficticio), en el traslado de otros bienes pertenecientes a la empresa, como un dispensador de jabón y una cafetera.
El fallo judicial subraya que la empresa comprobó las sustracciones mediante registros de las cámaras de seguridad y durante una investigación interna. Adicionalmente, otros trabajadores, como Inocencia y Pablo (nombres ficticios), admitieron conductas similares, aunque las sanciones aplicadas a cada uno variaron según la gravedad y la colaboración con la empresa en el proceso de esclarecimiento.
El Tribunal Superior rechazó la apelación presentada por María Milagros y desestimó los argumentos esgrimidos por la demandante, incluyendo la alegación de falta de comité de empresa o representantes sindicales para cumplir con lo estipulado por convenio. Según el TSJ, “la inexistencia de estos organismos es consecuencia directa de la falta de iniciativa de los propios trabajadores, por lo que no puede imputarse a la empresa”. La Sala también declaró que no se vulneraron derechos fundamentales, al no existir indicios claros de trato discriminatorio o represalias por parte de Freepik Company S.L.
En relación con las acusaciones de trato desigual respecto a otros empleados vinculados a hechos similares, el Tribunal destacó que la demandante no logró justificar su afirmación: “No existe derecho a la igualdad en la ilegalidad. Los hechos imputados son distintos en cada caso y han sido tratados de manera diferenciada según las circunstancias”. Este razonamiento ya había sido adelantado por el Juzgado de lo Social en primera instancia.
El despido de María Milagros se fundamentó tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el convenio colectivo aplicable. La sentencia refleja que los actos de la trabajadora vulneraron gravemente principios como la buena fe contractual, siendo este criterio suficiente para justificar la ruptura definitiva de la relación laboral. En línea con ello, el Tribunal afirmó que “la devolución de las prendas sustraídas no invalida la naturaleza de la falta cometida”. Además, señaló como precedente otras resoluciones judiciales que consolidan esta postura.
Freepik defendió el despido procedente
El cierre del estudio interno implicó cambios estructurales en el departamento de contenido, encabezado por Manuela (nombre ficticio), Chief Content Officer de Freepik. La reubicación del personal y la gestión del inventario generaron cierta confusión, pero Freepik Company S.L. mantuvo su decisión de sancionar de forma severa cualquier conducta que afectara la seguridad de sus activos.
Para Freepik, la existencia de pruebas claras, sumada a las confesiones de los implicados, sostenía la procedencia de las medidas disciplinarias. El fallo judicial también enfatiza que estas decisiones fueron investigadas y ejecutadas con criterios diferenciados para cada empleado, valorando factores como la colaboración durante el proceso o la magnitud de las sustracciones.
Tras el fallo del TSJ de Andalucía, el asunto podría llevarse ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para la unificación de doctrina. Este sería el próximo paso al que podría adherirse la defensa de María Milagros, aunque dicha medida está supeditada a las posibilidades legales y estratégicas de sus representantes.
