El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una agente de la Guardia Civil, identificada en los documentos judiciales como Dª Ángela (nombre ficticio), quien impugnaba su cese en un puesto de libre designación. La sentencia, emitida el 5 de febrero de 2025 por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, confirma la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil, al concluir que la recurrente dejó de reunir las condiciones de idoneidad necesarias para ocupar dicho puesto.
La resolución administrativa, fechada el 9 de agosto de 2023 y ratificada posteriormente por la Subsecretaria de Interior el 15 de septiembre de ese mismo año, argumentó una pérdida de confianza y comportamientos incompatibles con las exigencias del cargo.
El conflicto surge en el ámbito de una unidad especializada que requiere un marcado perfil de compromiso, confianza y cooperación entre sus miembros. Según los documentos aportados en el proceso judicial, la subalternación según los estándares del cuerpo se habría visto comprometida por actitudes descritas como “altivas” y “desleales” por parte de la recurrente hacia sus superiores jerárquicos y sus compañeros. En particular, destacaron situaciones donde la guardia Ángela grabó sin autorización conversaciones con la capitana, quien era su superior directa en la unidad.
Las discrepancias laborales y jerárquicas se extendieron además a denuncias de la guardia contra la capitana por supuestos delitos de abuso de autoridad y deslealtad, las cuales fueron investigadas y posteriormente archivadas por el Juzgado Togado Militar Territorial n.º 41 de A Coruña en mayo de 2023. Entre los elementos determinantes en la decisión de archivo se valoraron grabaciones y testimonios aportados por la propia recurrente que, según el juzgado, evidenciaron un contexto contrario a sus alegaciones.
Los argumentos de la Guardia Civil para el despido
El tribunal fundamenta su fallo en la adecuada motivación expuesta por la Dirección General de la Guardia Civil para justificar el cese. La sentencia recalca que los informes emitidos por los superiores jerárquicos, junto con los antecedentes descritos en el expediente administrativo y la prueba documental analizada, establecen un patrón de conductas que resultan incompatibles con las características del puesto de trabajo. Citan, entre otros, incumplimientos en la disciplina del cuerpo, un deterioro progresivo en las relaciones interpersonales con sus colegas de unidad, ausencias no justificadas y choques constantes con diversos mandos, además de actitudes calificadas como desafiantes y prepotentes.
Respecto al ámbito jurídico, se alude a sentencias del Tribunal Supremo que han definido los estándares de motivación necesarios para ceses en destinos de libre designación. Según la STS de 19 de septiembre de 2019, el cese en estos puestos requiere una justificación explícita que detalle los motivos de desconfianza o inidoneidad sobrevenida del cesado. En este caso, el tribunal gallego señala que la Administración cumplió con dicho deber al justificar la decisión mediante informes que ilustran la pérdida de confianza en Dª Ángela y la incompatibilidad de sus acciones con las responsabilidades del destino.
Un aspecto destacado en la sentencia es que, aunque Dª Ángela alegó una posible desviación de poder en la decisión de cese, el tribunal desestimó este argumento señalando que la resolución fue tomada por la Dirección General de la Guardia Civil, no por los mandos locales con quienes la recurrente tenía conflictos. Además, el tribunal concluye que el cese buscaba preservar el buen funcionamiento de la unidad, lo que evidencia un interés general en la decisión.
