El 1 de octubre de 2017 ha encontrado su hueco en los libros de historia de España. La declaración unilateral de independencia de Cataluña, anunciada y retirada segundos después por Carles Puigdemont, fue el culmen de un torbellino político que marca todavía el avance del país y que, para Alex Ramos, supuso el cese de su cargo en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB).
Por aquel entonces, tanto el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) como el sindicato Metges de Cataluña (MC) comunicaron su rechazo a la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que consideraban un “menosprecio” a las instituciones autonómicas y ponía “en riesgo la convivencia democrática y pacífica en Cataluña”. Este posicionamiento político no gustó demasiado a parte de la comunidad médica y tampoco a Ramos, que desde 2017 es el vicepresidente de Societat Civil Catalana, organización protagonista en las protestas contra el procès.
“Yo fui el responsable de la organización y el impulso de esas manifestaciones [contra el independentismo] y en el Colegio de Médicos se me consideró a mí el enemigo en casa“, cuenta Ramos en una entrevista con Infobae España. . Esta diferencia ideológica se tradujo, poco a poco, en represalias para Ramos, que fue apartado poco a poco de sus funciones. Despedido en octubre de 2020, el doctor ha denunciado al expresidente del COMB, Jaume Pradós, y exdirector general corporativo del órgano colegial, Marc Soler, por los presuntos delitos de acoso laboral, coacciones y discriminación ideológica con agravante de odio. A la acusación se ha unido el Sindicato Médico de Cataluña (SIMECAT).
Dos años de acoso laboral
En 2017, el COMB tomó un posicionamiento por el derecho a decidir y a favor del referéndum del 1 de octubre. Por aquel entonces, el presidente de la organización era Jaume Padrós, que anteriormente había sido diputado en el Parlament por Convergència Democràtica de Catalunya y se ha mantenido en la junta del colegio once años, hasta enero de 2025. “Se jactaba de que era el médico de los presos políticos”, asegura Ramos.
El doctor critica duramente esta postura institucional, pues entiende que “un colegio de médicos tiene una función deontológica, ética y de luchar por las condiciones laborales”. Pese a ello, él continuó su papel en el asociacionismo antiindependentista, lo que incomodó a los altos cargos.
”Mi superior jerárquico, el doctor Mar Solé, [exdirector general corporativo del COMB] en algunas reuniones me mostró la incomodidad que le había llegado por médicos de la órbita del colegio de que estuviera implicado en Societat Civil Catalana”, recuerda. Por otras fuentes, dice, le llegó “por varias fuentes que habían estado en la Junta que se me consideraba el enemigo”.
A partir de mediados de 2018, comenzaron las represalias. “Se me retiró el cargo, las funciones, el personal, el despacho que tenía se me apartó”, afirma Ramos, que añade que “un tiempo estuve acosado”, lo que generó una afectación en su estado de ánimo y salud mental. “Estaba apartado en un pequeño despacho sin funciones, le cambiaron el nombre al centro de estudios que dirigí durante 30 años y le pusieron una nueva gerencia, que cogió el personal que yo tenía a mi cargo. Esto ocurrió durante año y medio”, dice.
“Querían neutralizarme políticamente y tenerme ahí, apartado en un rincón, con el sueldo. Y como yo para eso no servía, mostré mis quejas”, cuenta. Primero, intentó un acto de conciliación en el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat en septiembre de 2019, que “no se toleró en el colegio”. En ese momento, el COMB contrataría un detective privado para seguir al doctor Ramos e intentar imputarle incumplimientos laborales, según cuentan desde SIMECAT,.
Ramos fue despedido el 14 de octubre de 2020, algo que denunció ante la justicia. “Cinco minutos antes de entrar a juicio, ellos aceptaron que era improcedente. Conseguí el dinero que me correspondía por baremo, por años y por día trabajado", cuenta.
Una represalia política que busca respuesta judicial
Con el reconocimiento legal en mano, Ramos ha presentado ahora una denuncia por la vía penal contra Pradós y Solé, a la que se ha sumado el Sindicato Médico de Cataluña (SIMECAT). La organización comparece como entidad denunciante al considerar que los hechos encajan en el delito de persecución ideológica por parte del COMB, “entidad que debería mantenerse al margen de disputas políticas y actuar en interés de todos los colegiados, sin discriminación alguna“, valoran en un comunicado.
“El Colegio de Médicos de Barcelona ha estado parasitado durante décadas por juntas que tienen esta inclinación y este sesgo que no es ético ni legal”, critica Ramos, que espera que la justicia pueda dilucidar el tema.
