La inestabilidad laboral es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta a día de hoy - y desde hace ya varios años - la población española. La combinación de los sueldos bajos en proporción al elevado coste de la vida y la inseguridad de los puestos de trabajo son la fórmula perfecta para asustar a cualquiera, de ahí que haya tanta gente que decide emigrar desde España a algún otro país que ofrezca una mejor calidad de vida.
Pero además de ese éxodo profesional, existe otra alternativa que atrae a muchas personas que prefieren quedarse en el país, pero son conscientes de lo que podría suponer, a la larga, no tener apenas posibilidades de labrarse un futuro lo suficientemente sólido como para considerarse, realmente, un futuro: el funcionariado.
De acuerdo con la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, un funcionario es “aquel que, en función de un nombramiento legal, trabaja para una administración pública realizando servicios profesionales retribuidos de carácter permanente”. Es decir, un trabajador público que podría serlo de por vida, si así lo quisiera, ya que, a no ser que cometan una infracción de carácter muy grave, es sumamente difícil que pierdan su puesto de trabajo.
Al tratarse de puestos de trabajos de administración (y financiación) pública, el acceso a ellos no es igual que el de cualquier otro tipo de puesto de trabajo: es necesario presentarse a una oposición o concurso, y no solo presentarse, claro, sino quedar de los mejores entre todos los candidatos. La oposición suele consistir en una serie de exámenes y pruebas que habrá que superar para obtener una plaza de funcionariado, tras lo cual el candidato se convierte automáticamente en empleado público.
Está muy bien que sea vitalicio - es decir, asegurado de por vida - pero por mucho que un puesto de trabajo sea el más seguro del mundo, si no está bien retribuido, pierde casi todo su valor. Aunque no puede decirse que este sea el caso, tampoco es de lo que mejor se paga: este es el salario (mínimo) que cobra un administrativo del Estado.
Lo que cobra un funcionario administrativo
Lo primero que se debe aclarar es que estos valores se corresponden con los mínimos a los que se puede optar: lo más probable es que el total siempre sea más. Los salarios de este tipo de funcionarios están regulados por las tablas de retribuciones del personal funcionario del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y dependen de varios factores: aparte del salario base, también tienen complementos por antigüedad, por destino, y el Específico, además de las pagas extra (en junio y en diciembre).
Por tanto: el sueldo base de un funcionario administrativo es de 10.036,93 euros brutos al año, o doce pagas mensuales de 836,41 euros brutos. A ello debe sumársele el extra por antigüedad en función de los trienios de la misma: por cada trienio, se cobrarán 367,72 euros brutos anuales más o 30,61 euros brutos en cada una de las doce pagas mensuales.
A su vez, también se sumará el complemento de destino, cuyo valor mínimo es de 4.564,68 euros brutos anuales o de 380,39 euros brutos más al mes. Por su parte, tanto las pagas extra como el Complemento Específico dependerán de cada puesto. Entonces: sin añadir trienios, ni pagas extras, ni el Complemento Específico, el salario mínimo de un funcionario administrativo será de 14.601,10 euros brutos al año; o doce pagas de 1.216,80 euros brutos mensuales.
