El aristócrata Luis Medina ha declarado este martes en el juicio que se le acusa de estafa por las altísimas comisiones obtenidas en lo peor de la pandemia por intermediar en la compra de mascarillas y otro material sanitario para el consistorio, y ha asegurado que “no se conocían las comisiones antes de la venta” y “dependía de si al final había negocio”.
“Las comisiones hasta que no se completaban ventas no se podían saber” ha defendido y se ha desligado de los negocios realizados por Alberto Luceño al asegurar que él en ningún momento contactó con la empresa de Malasia. Preguntado sobre cómo se fijó el precio de la comisión ha respondido que “se lo tiene que preguntar a Luceño, yo no lo sé”.
Ha explicado que en los momentos de la pandemia, “el mercado estaba roto”, por lo que era imposible saber que tipo de comisiones se iban a recibir por cada producto. “Había algunas muy altas y otras muy bajas, nunca se sabía”, ha asegurado.
Sobre el millón de euros que recibió como comisión ha sido tajante al asegurar que “está satisfecho” y que no habría pedido más.
En la misma sesión, una inspectora de Hacienda ha confirmado, en el juicio a Alberto Luceño y Luis Medina acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, que Luceño incurrió en fraude fiscal, ya que según la investigación que llevó a cabo creó una sociedad para simular que ésta prestó unos servicios que no realizó en realidad, con la intención de tributar menos.
Las acusaciones de la Fiscalía
La Fiscalía solicita para Alberto Luceño 15 años de cárcel por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y otro agravado contra Hacienda; mientras Luis Medina, hijo de del duque de Feria y Naty Abascal, afronta una solicitud de 9 años de prisión por los dos primeros delitos.
El Ministerio Público también pide para Luceño una multa de 5,6 millones de euros y que indemnice a la Agencia Tributaria con 1,3 millones, mientras que para Medina solicita 450.000 euros de multa.
Reclama que ambos indemnicen conjuntamente al Consistorio con 7,8 millones, cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por la operación, entre otros conceptos.
La Fiscalía sostiene que los hechos se remontan a marzo de 2020, “en una situación de rápida evolución de la pandemia” de coronavirus y “de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios”, en la que -relata- ambos acusados tuvieron la “intención” de “enriquecerse exageradamente”.
Así Luceño consiguió productos sanitarios de un empresario malasio que, gracias a los contactos de Medina, vendió al Ayuntamiento de Madrid, haciéndolo “un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores”, como consecuencia de la “imposición de unas comisiones desorbitadas” que ocultaron al Consistorio.
El Ayuntamiento firmó con ellos tres contratos por los que pagó 11,9 millones de dólares para obtener un millón de mascarillas, dos millones y medio de pares de guantes y 250.000 test, sin saber que Luceño se embolsó una comisión de 5,1 millones de dólares y Medina de uno.
