Sumar carga contra Hacienda y presentará una proposición de ley para que las personas que perciben el salario mínimo estén exentas de tributar en el IRPF

El espacio liderado por la vicepresidenta segunda airea las diferencias con los socialistas y acusa al ministerio de María Jesús Montero de haber tomado una decisión “de forma unilateral y sin consenso con el socio de Gobierno”

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La ministra de Trabajo de
La ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz. (REUTERS/Isabel Infantes)

Después de una tensa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha visibilizado el choque en el Gobierno por la decisión de Hacienda de que los trabajadores que perciban el nuevo salario mínimo dejen de estar exentos de tributar en el IRPF, Sumar ha anunciado que presentará una proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el Salario Mínimo Interprofesional sigan sin pagar IRPF.

Lo que debería haber sido un triunfo del Gobierno, que ha aprobado este martes la subida del SMI a los 1.184 euros, se ha visto opacado por la información difundida por el Ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, confirmando que obligará a los receptores del salario mínimo a tributar en el IRPF. Este anuncio ha sido comunicado minutos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la cual ha servido de escenario para evidenciar las discrepancias entre el PSOE y Sumar por este asunto.

Una vez acabada la rueda de prensa, fuentes de Sumar en el Congreso han trasladado su intención de presentar una proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el SMI estén exentas de tributar en el IRPF. “Desde Sumar siempre hemos mantenido la misma postura, que es que el SMI no debe tributar al IRPF y que debemos ir a un sistema de impuestos de carácter progresivo”, han añadido voces del espacio a la izquierda del PSOE.

Tal como ha confirmado la propia Díaz desde la sala de prensa de Moncloa, en Sumar lamentan que Hacienda haya adoptado su decisión “de forma unilateral y sin consenso con el socio de Gobierno”. “El Ministerio de Hacienda tenía y tiene los mecanismos para evitar esta medida. Debería cambiar de opinión, para garantizar que las personas que están en la parte más baja de la pirámide salarial no sufran mayor presión fiscal”, agregan fuentes de Sumar.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros al mes para 2025, lo que supondrá llevar esta renta mínima a los 1.184 euros al mes en 14 pagas.

El espacio capitaneado por Yolanda Díaz ha avanzado que ejercerá su “autonomía parlamentaria” para presentar en este periodo de sesiones, que comienza esta semana, una proposición de ley que garantice que el SMI esté exento de tributación en el IRPF. “El asunto con los impuestos nunca es si subirlos o bajarlos, sino a quién”, comentan estas voces en la línea de la postura marcada por la vicepresidenta segunda.

Díaz contrasta la decisión sobre el IRPF en el SMI con las ayudas fiscales a propietarios

Antes de conocerse la pretensión de Sumar de llevar al Congreso una iniciativa en este sentido, Yolanda Díaz había asegurado que, aunque respeta la competencia de Hacienda en esta materia, si llega al Congreso alguna iniciativa para eximir de tributación las rentas equivalentes al salario mínimo “va a contar con la anuencia de Sumar”.

Díaz ha insistido en que ”hay que hacer pedagogía fiscal”, pero “creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”. Por ello, ha contrapuesto la decisión de Hacienda con el “regalo fiscal” a los “rentistas”, en alusión a unas de las propuestas lanzadas por Pedro Sánchez en materia de vivienda, que consiste en aprobar una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su casa según el Índice de Precios de Referencia.

Visiblemente incómoda, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha matizado hasta en dos ocasiones las palabras de Yolanda Díaz, a pesar de que las preguntas iban dirigidas a la vicepresidenta segunda. La dirigente socialista ha subrayado que la recaudación “va en beneficio de mejorar las políticas públicos y los servicios públicos” de los que todos los ciudadanos “hacemos uso”.

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