Un psiquiátrico gallego, bajo la lupa de la justicia: pacientes atados durante semanas, aislados o expuestos a abusos sexuales

Pacientes aislados y atados durante largos períodos de tiempo y presuntos casos de abuso sexual. No es la premisa de una novela de terror, sino que son las pesquisas del Defensor del Pueblo en un centro psiquiátrico del municipio de O Pino, en Galicia.

El sanatorio La Robleda lleva medio siglo atendiendo a enfermos mentales, primero ubicado en el centro de Santiago de Compostela, y desde 2007 en unas instalaciones modernas a 15 kilómetros de la capital gallega.

Una inspección por sorpresa en septiembre por parte de los técnicos del Defensor del Pueblo ha revelado que las gruesas paredes medicalizadas esconden pacientes en reclusión y un conjunto de malas praxis.

Durante varios días, el equipo entrevistó a trabajadores y pacientes, revisó grabaciones de las cámaras y consultó documentación clínica para poder redactar el informe que ya ha enviado Ángel Gabilondo a la Consejería de Sanidad gallega, a la Fiscalía y al propio centro que mantiene un concierto con la sanidad pública, aunque es privado.

Según el escrito, una de las pacientes pasó 11 años ingresada de forma involuntaria, “un plazo injustificable”, recalca el Defensor del Pueblo, “ya que en ninguna enfermedad mental se producen descompensaciones de duraciones tan largas”.

En otro caso anterior, una las enfermas denunció haber sufrido abusos sexuales y trato denigrante por parte de un trabajador. Aseguró que el empleado le tocó “sus partes íntimas” y la insultó, según recoge su propio historial médico.

“A pesar de las lagunas que hay en el conocimiento de la realidad que se describe, resulta incuestionable que en la planta de psiquiatría se requiere extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual”, explica el Defensor del Pueblo.

Respecto a las grabaciones de las cámaras, los inspectores descubrieron que en este centro sanatorio psiquiátrico gallego estaban realizando “una contención a una persona ingresada que está claramente tranquila y no muestra ningún signo de agresividad, colaborando en la retirada de su ropa y en el resto de instrucciones”.

Una de las mayores violaciones de derechos que recoge el escrito del Defensor del Pueblo se localiza en que inmovilicen a los pacientes en sus propis habitaciones: “Esto supone enfrentarse a la situación de tener que dormir en una cama y habitación donde las personas ingresadas se han tenido que ver en momentos que pueden ser vividos de manera altamente traumática”.

Durante la visita, el sanatorio acogía a 94 pacientes, distribuidos entre las áreas de psiquiatría y sociosanitaria. De entre los pacientes, 42 estaban ingresados de manera involuntaria, de los cuales 12 eran mujeres y 30 hombres.

Además, una única psicóloga en planta atendía al casi centenar de pacientes, ya que su compañero estaba en una situación de excedencia.

El centro cuenta con un concierto con la sanidad pública, gestionado por la Xunta de Galicia que ya ha declarado que determinará cuáles son “los hechos reales” que hay detrás del informe.

Antonio Gómez Caamaño, el conselleiro de sanidad, ha anunciado en Lugo que las investigaciones están en marcha y ha indicado que el objetivo de la Xunta es “ofrecer la mejor atención sanitaria a los pacientes que son derivados” a estas clínicas con concierto.

Es por ello, ha dicho, que la Subdirección General de Salud Pública trabaja en un acuerdo marco que establecerá los planes de prevención de intentos de suicidio y de cualquier tipo de “abuso o maltrato”.

Tras conocer este informe, el partido nacionalista BNG ha anunciado este jueves que exigirá responsabilidades a la Xunta por la “gravísima situación” que se vive en el psiquiátrico gallego.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Sanidad Hospitalaria de este grupo, Iria Carreira, ha manifestado en un comunicado que los hechos destapados “no tienen ningún tipo de justificación ni paliativo”.