España necesita construir 850.000 casas de alquiler social para alcanzar los niveles de protección social en vivienda de Europa

La vivienda es el principal quebradero de cabeza los españoles. Los precios suben y suben y pagar el alquiler implica un problema para muchas familias que destinan gran parte de su salario a este gasto. La accesibilidad a este bien es la gran asignatura pendiente para Pedro Sánchez en esta legislatura. De momento, las cifras de inversión pública en vivienda social de alquiler está muy lejos que la del resto de países de la Unión Europea.

España se sitúa a la cola en esta materia y la brecha con el resto de países europeos, según queda reflejado en el informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, el boletín especial de vivienda social elaborado por el Ministerio de Vivienda de España. El gasto en protección social en vivienda en España es de 34 euros por habitante, una de las cifras más bajas de Europa. En comparación, países como Alemania, Francia o Suecia destinan entre cinco y ocho veces más recursos a este tipo de ayudas​. La media europea se encuentra en 106 euros, hasta tres veces más.

Para alcanzar la media europea, según este documento, España necesitaría aumentar su parque de vivienda social en 4,7 puntos porcentuales, lo que equivaldría a la construcción de aproximadamente 850.000 viviendas más en régimen de alquiler social​. Sin embargo, el ritmo de inversión y promoción de vivienda protegida en el país no parece apuntar en esa dirección.

Los países europeos con mayor parque de vivienda social presentan modelos donde la intervención del Estado ha sido clave en la configuración del mercado. En Países Bajos, el 29% del parque de viviendas está destinado al alquiler social, en Austria representa el 24%, en Dinamarca el 20% y en Francia el 17%​. Estas cifras contrastan con el 3,3% de España, donde la oferta de vivienda en alquiler social es insuficiente para responder a la demanda.

En el documento elaborado por la cartera que dirige Isabel Rodríguez también se analiza gasto en promoción de la vivienda y fomento de la edificación. En el caso de España, esta inversión se situó entre 2007 y 2022, el periodo analizado, en 2.183,7 millones de euros, lo que representa una media de 46,9 euros por habitante. De nuevo, España destina menos recursos que la mayoría de sus vecinos europeos, quedando muy por debajo de países como Luxemburgo e Irlanda alcanzan inversiones cercanas o superiores a 160 euros por habitante al año.

El déficit en políticas públicas de vivienda también se refleja en la escasez de viviendas en alquiler social. Mientras que en la UE hay una media de 3,2 viviendas de este tipo por cada 100 habitantes, en España la cifra se reduce a 1,3​. Este desfase, que afecta principalmente a los hogares con menor capacidad económica, evidencia un modelo de vivienda donde el mercado privado tiene un peso dominante, sin una intervención pública suficiente para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

El parque de vivienda social en España se estima en torno a las 318.000 unidades. De estas, unas 197.000 están en manos de comunidades autónomas y entidades dependientes, mientras que 121.000 pertenecen a ayuntamientos​. Este número cubre apenas el 1,72% de los 18,5 millones de hogares del país, lo que confirma la brecha respecto a otros países europeos.

Además de su limitada disponibilidad, el informe advierte sobre el estado del parque de vivienda social, que en gran parte es antiguo y presenta necesidades de rehabilitación. La falta de inversiones en mantenimiento y mejora ha reducido su capacidad para responder a la demanda, agravando aún más el problema del acceso a la vivienda.

La construcción de vivienda protegida ha experimentado una reducción drástica en España durante las últimas décadas. En 1985, el país alcanzó su récord con 114.067 viviendas protegidas terminadas. Sin embargo, desde entonces el volumen de producción ha ido descendiendo de forma sostenida. En 2017 se registró el mínimo histórico, con apenas 4.938 viviendas protegidas construidas​.

El informe señala que, aunque en los últimos años se ha producido una ligera recuperación en la construcción de vivienda protegida, el ritmo sigue siendo insuficiente para compensar la creciente demanda y la subida de los precios del alquiler.

La escasez de vivienda social y la baja inversión pública tienen un impacto directo en el acceso a la vivienda en España, especialmente para los sectores más vulnerables. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 1,5 millones de hogares destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, una proporción considerada excesiva por organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea​.

La falta de una red amplia de alquiler social también ha contribuido al encarecimiento de los precios en el mercado privado, ya que en otros países europeos la existencia de un parque público de vivienda en alquiler actúa como un regulador de los precios. En España, en cambio, la mayoría de los inquilinos dependen del mercado privado, donde los precios han subido un 40% en la última década​.

El informe del Observatorio de Vivienda y Suelo concluye que España necesita un aumento significativo en la inversión en vivienda social para corregir la brecha con Europa y garantizar el acceso a una vivienda digna para una mayor parte de la población.

Algunas comunidades autónomas han anunciado planes para ampliar su parque de vivienda social, pero los expertos advierten que, sin un compromiso financiero estable y a largo plazo, las medidas serán insuficientes. “El problema de la vivienda en España no se resolverá sin una apuesta decidida por el alquiler social, como han hecho otros países europeos”, señala el informe​.

Mientras tanto, miles de familias siguen enfrentando dificultades para acceder a una vivienda a precio asequible, en un mercado donde los precios siguen al alza y las alternativas públicas son limitadas.