La hostelería se queja de la reducción de jornada: “La productividad está vinculada a la presencialidad”

El sector hostelero español cree que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, aprobada este martes en un anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros tendrá un impacto de 2.538 millones de euros para el conjunto de las 300.000 empresas que conforman el sector al aumentar los gastos salariales.

Así lo han afirmado la organización Hostelería de España y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) en un comunicado conjunto, donde han explicado que la nueva medida producirá este “serio impacto en las empresas”, derivado de una nueva subida de los costes laborales tras el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y las cotizaciones sociales.

Para las organizaciones de hosteleros, las grandes penalizadas serán las microempresas, que representan el 94% de las compañías del sector, al contar con menos de 10 trabajadores. Según sus razonamientos, el 31% de la facturación de las empresas del sector se destina a cubrir costes salariales, una partida que ya experimentó un incremento del 14,5% el año pasado. Según señalan, esto ha representado un “importante esfuerzo para las empresas”.

En el caso concreto de la hostelería, explican que la productividad “está vinculada a la presencialidad”, por lo que una reducción en el tiempo de servicio y producción en los establecimientos se traduciría en una caída del 3% en la facturación, lo que equivale a 5.099 millones de euros anuales, según han precisado.

Por ello, critican que la propuesta supone un “sinsentido”, ya que pretende “dar solución a aspectos organizativos insalvables” en empresas del sector. Señalan que negocios con servicio 24 horas, organizados en tres turnos, se verían obligados a dejar franjas horarias sin cubrir debido a las nuevas condiciones.

El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha advertido que la medida “vulnera el buen funcionamiento del diálogo social y de los convenios colectivos” y ha subrayado que “no se tiene en cuenta el factor de la productividad a la hora de plantear la medida”. Por su parte, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha recordado que el sector turístico está “muy afectado” por la estacionalidad y requiere una flexibilidad “que ha sido siempre acordada con los sindicatos”. Además, ha advertido que “cualquier intromisión que dañe el diálogo social tendrá consecuencias muy negativas para el empleo y para mantener la competitividad turística española y, con ello, la del conjunto de su economía”.

Con la aprobación del anteproyecto, el Gobierno también ha endurecido las sanciones económicas y multará con hasta 10.000 euros por trabajador a aquellas empresas que no cumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.

Las sanciones se han vuelto más estrictas debido a dos cambios clave. Primero, las multas se aplicarán individualmente por cada trabajador afectado en lugar de imponerse de manera global a la empresa. Segundo, el importe de las sanciones, consideradas infracciones graves por parte de los empresarios, será más elevado, aumentando el límite máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.

Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

*Noticia elaborada con información de agencias