A qué trabajadores afecta la reducción de la jornada laboral aprobada por el Gobierno

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima en España de 40 a 37,5 horas semanales sin merma en el sueldo. La medida, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, entrará en vigor antes del 31 de diciembre de 2025 y beneficiará a 12,5 millones de asalariados, aunque su impacto variará según el sector y la comunidad autónoma.

El recorte horario afectará especialmente a los trabajadores que actualmente tienen jornadas superiores a 38,5 horas semanales. Así, cuatro sectores serán los más beneficiados:

• Hostelería: la reducción media de la jornada será de 112 minutos semanales.
• Información y comunicaciones: la disminución será de 109 minutos a la semana.
• Comercio: los empleados verán recortadas 98 minutos semanales.
• Sector agrario, ganadero y pesquero: la reducción promedio será de 97 minutos semanales.

En estos sectores, donde las jornadas laborales suelen ser más largas, el impacto de la medida será significativo, permitiendo una mejor conciliación de la vida personal y laboral.

Algunas actividades económicas ya cuentan con jornadas pactadas inferiores a 37,5 horas semanales, por lo que no se verán afectadas por la reforma:

• Educación: jornada media de 34,3 horas semanales.
• Administración pública: jornada pactada de 35,9 horas.
• Actividades financieras y de seguros: 37,2 horas semanales.
• Suministro de agua y gestión de residuos: 37,5 horas semanales.

La reducción de jornada tendrá un impacto desigual dependiendo del territorio. En comunidades como el País Vasco y Navarra, una gran parte de los trabajadores ya tiene jornadas de 37,5 horas o menos (52% y 40%, respectivamente). Por el contrario, autonomías como la Comunidad Valenciana y Canarias verán afectado al 93% de sus asalariados con convenio.

En la mayoría de las regiones, entre el 86% y el 93% de los trabajadores con convenio colectivo verán reducida su jornada, destacando Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja, Murcia, Aragón, Andalucía, Galicia, Cantabria, Ceuta, Melilla, Extremadura y Castilla y León.

La reforma también introduce cambios para los trabajadores a tiempo parcial. Aquellos cuyo contrato actual se sitúa en 37,5 horas o más pasarán automáticamente a jornada completa. Por otro lado, quienes ya trabajen menos horas podrán mantener su horario, pero sus horas representarán un mayor porcentaje de la jornada ordinaria, lo que se traducirá en un aumento proporcional del salario.

Esta medida impactará especialmente en las mujeres, ya que representan el 75% de los dos millones de empleados con contrato a tiempo parcial.

Para asegurar que la reducción de jornada se aplique correctamente, el Gobierno endurecerá las sanciones a las empresas que incumplan la normativa. Las multas por irregularidades en el registro horario o por no respetar la nueva jornada serán de hasta 10.000 euros por trabajador afectado, superando el límite actual de 7.500 euros.

La ley pasará ahora por la fase de tramitación parlamentaria, donde podrá recibir enmiendas antes de su aprobación definitiva. El Gobierno busca que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano de 2025, dando así un margen a las empresas para adaptarse antes del 31 de diciembre de ese mismo año.

A pesar de la oposición de la patronal CEOE, que considera que la regulación de la jornada laboral debe negociarse a través de convenios colectivos, el Gobierno ha mantenido la medida como una prioridad en su agenda laboral. Además, se han planteado posibles ayudas para pymes, que podrían incluirse en el trámite parlamentario para facilitar la transición a la nueva jornada máxima legal.