Enfado en la Guardia Civil y Policía por la subida de sueldo de la Ertzaintza: “Seguimos con salarios inferiores, jornadas interminables y limitaciones”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha acusado al Gobierno de incumplir el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018, que pretendía igualar las remuneraciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) con las policías autonómicas. La AUGC ha denunciado que la inacción gubernamental ha permitido que la brecha salarial supere los 10.000 euros anuales, una situación que consideran injusta y discriminatoria.

En su crítica, la AUGC destaca que los guardias civiles continúan trabajando en condiciones de desventaja económica y laboral, incluyendo jornadas largas y limitaciones en derechos básicos. Según la asociación, “es inadmisible que, mientras la Ertzaintza consigue mejoras salariales y laborales tras años de lucha, en la Guardia Civil sigamos con salarios inferiores”. Por esta razón, exigen al Gobierno una acción inmediata que cierre la brecha salarial y reconozca el esfuerzo y el sacrificio de estos agentes.

Asimismo, el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno vasco y la mayoría de los sindicatos de la Ertzaintza establece un aumento salarial de 4.200 euros anuales por agente, marcando el cierre de 13 años de conflictos laborales. Este ajuste no solo eleva significativamente las remuneraciones de los agentes, sino que también ensancha la distancia con la remuneración que perciben los cuerpos nacionales, que al finalizar 2024 alcanzará los 8.251 euros.

Además del aumento salarial, el convenio incluye medidas como la especialización en investigación e inteligencia artificial, la formación continua, y una mejora en la retribución de los días moscosos y materiales de trabajo. Este acuerdo, respaldado por sindicatos que representan tres cuartos de la representación sindical de la Ertzaintza, se considera un marco clave para los años 2025-2028, aunque ha enfrentado cierta resistencia por parte de minorías sindicales.

Los sindicatos policiales y la AUGC han dirigido fuertes críticas hacia el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusan de falta de voluntad negociadora y de inacción ante las demandas de las FCSE, mientras las policías autonómicas consiguen avances concretos. A pesar de múltiples reuniones con representantes policiales, han señalado que el ministro ha empleado tácticas dilatorias y engañosas para evitar abordar cuestiones clave como la equiparación salarial y las mejoras laborales.

Un ejemplo destacado es la decisión del Ministerio de recurrir una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a cumplir con la equiparación salarial, una contradicción directa al compromiso adquirido en 2018. Según los sindicatos, esta maniobra refleja la falta de interés del Ejecutivo por resolver las desigualdades salariales que afectan a los policías nacionales y guardias civiles.

Además, los sindicatos CEP, EYA, ASP y JUPOL han señalado que Interior muestra una “falta constante de actitud negociadora”, lo que ha derivado en conflictos colectivos prolongados. A ello se suma el bloqueo legislativo impulsado por el partido del Gobierno, que ha obstaculizado en reiteradas ocasiones la aprobación de leyes fundamentales para los agentes, como el reconocimiento de su trabajo como una profesión de riesgo.

El malestar de AUGC también está relacionado con su lucha para ser reconocidos como profesión de riesgo. Su aprobación permitiría la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles, pero el proyecto de ley ha sido bloqueada hasta en 18 ocasiones en el Congreso de los Diputados. Este impedimento, impulsado principalmente por el POSE, ha generado fuertes críticas desde las asociaciones policiales, quienes lo califican como una muestra de indiferencia hacia las necesidades de los agentes.

El reconocimiento como profesión de riesgo implicaría derechos como la posibilidad de jubilación anticipada cobrando el 100% de la prestación, un beneficio que actualmente está fuera del alcance de los agentes nacionales. Según un informe oficial del Gobierno enviado al Senado, en noviembre pasado, “no existe como tal la profesión de riesgo ni en la regulación del régimen de la Seguridad Social ni en la propia del régimen de Clases Pasivas”. Sin embargo, la AUGC denuncia que este argumento omite que el Real Decreto Legislativo 8/2015 sí prevé la reducción de la edad mínima de jubilación para trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre.