El Gobierno se ha enfrentado este miércoles a su primera derrota parlamentaria del año. El Partido Popular y Junts han tumbado el decreto-ley que sube las pensiones y extiende los descuentos en el transporte público. A este se le llama ómnibus, porque se incluyen varias reformas de diferentes ámbitos que, pese a no tener relación entre sí, son votadas al mismo tiempo. Además de estas, se incluye la revalorización de las pensiones, la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables, las ayudas tras la dana que arrasó parte de Valencia el pasado noviembre o la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras iniciativas.
Pero tanto Junts como el PP han votado en contra, por lo que las medidas, que estaban en vigor desde el 1 de enero, y otras desde 2022 y que llegaron tras el estallido de la guerra de Rusia con Ucrania, se dan por perdidas. Estas son las claves de lo que ocurrirá a partir de ahora, tras la derogación del Real Decreto-ley.
Las ayudas al transporte público
En 2022 se aprobó un segundo paquete de medidas de este decreto ómnibus, por la que se subvencionaban en hasta un 30% de los títulos transporte multiviaje de transporte público, una ayuda del 50% para los jóvenes, 20% para los adultos y la gratuidad de los trenes de media distancia, así como el descuento del 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano.
Sin este decreto decaen también las ayudas autónomas que son completadas por los Gobiernos regionales. Los descuentos y ayudas dejarán de aplicarse este jueves 23 de enero, como ha confirmado el ministro de Transportes Óscar Puente y los usuarios tendrán que comprar los billetes de tren, metro y autobús a su precio original.
Medidas para los afectados por la dana y a la isla de La Palma
El pasado 29 de octubre, la dana que arrasó especialmente parte de la Comunidad Valenciana dejó más de 220 víctimas mortales y miles de personas damnificadas. Por este motivo, el Gobierno aprobó un plan para ayudar a las producciones, parcelas, explotaciones agrarias que fueron destruidas por la riada. “Excepcionalmente en 2025, el Estado podrá autorizar a la Comunitat Valenciana a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación”, decía el texto.
Las ayudas por la dana no han sido las únicas que se han revocado. El decreto también prorrogaba las medidas dirigidas a la reconstrucción económica de la isla de La Palma, tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja en 2021.
Revalorización de las pensiones
El decreto contemplaba la subida del 2,8% para las pensiones contributivas. Esto se llevará a cabo durante enero, pero en febrero los importes volverán a los niveles de 2024. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han explicado que la revalorización será efectiva durante el primer mes del año porque el decreto ley que la regulaba “ha estado vigente hasta hoy”.
El decreto ley contemplaba que, de forma general, las pensiones contributivas subieran en 2025 un 2,8% en línea con el IPC, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo harían entre un 6% y un 9%.
Con esta medida, las pensiones contributivas habrían experimentado un incremento anual de entre 500 y 600 euros, dependiendo del tipo de pensión. Este ajuste beneficiaría a los 9,3 millones de personas que perciben 10,3 millones de prestaciones contributivas, además de las 720.000 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarían en el mismo porcentaje. Sin embargo, en ausencia de medidas alternativas, esta revalorización quedará sin efecto.
El SMI regresa al de 2023
Con la derogación del decreto ómnibus, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) volverá a la cuantía establecida en 2023, fijada en 1.080 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, mientras que en 2024 estaba fijado en 1.134 euros. Esto ocurre porque el decreto incluía la extensión del incremento del SMI previsto para 2024 a este año. En consecuencia, esta situación se mantendrá, previsiblemente, hasta que se acuerde un nuevo ajuste para el salario mínimo correspondiente a 2025, actualmente en negociación entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo.
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