El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes nuevas medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda en alquiler en España. Entre ellas, un sistema de garantías públicas inspirado en el modelo francés. Estas acciones, presentadas en el foro ‘Vivienda, el quinto pilar del Estado del Bienestar’, buscan equilibrar un mercado marcado por la escasez de oferta y el aumento de los precios.
El sistema de garantías públicas, previsto para entrar en funcionamiento este año, tiene como objetivo facilitar el acceso al alquiler para jóvenes menores de 35 años, asegurando a los propietarios el cobro de la renta y fomentando precios asequibles para los inquilinos. Según datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, solo el 6% de las viviendas en alquiler en España tienen un precio inferior a 600 euros, y apenas el 31% cuesta menos de 900 euros. En este contexto, una garantía pública podría ofrecer mayor seguridad a ambas partes.
El modelo francés
La iniciativa española se basa en el programa Garantie Visale, vigente en Francia desde 2016. Este sistema, gestionado por Action Logement, proporciona garantías gratuitas a los propietarios, cubriendo impagos o posibles daños en la vivienda. Su éxito ha radicado en la confianza que genera en el mercado del alquiler y en su capacidad para ayudar a colectivos vulnerables, como jóvenes o trabajadores con contratos temporales.
El funcionamiento del programa Visale incluye los siguientes pasos:
- Solicitud online del inquilino: el inquilino crea un perfil personal en la plataforma de Action Logement para solicitar la garantía.
- Evaluación de la viabilidad: una vez revisados los documentos, se emite una visa que certifica al inquilino como beneficiario del programa.
- Entrega de la visa al propietario: el inquilino facilita el documento al casero como prueba de garantía.
- Validación del propietario: este crea su perfil en la plataforma y vincula la visa del inquilino al contrato de alquiler.
- Firma del contrato: con la garantía validada, ambas partes firman el acuerdo de arrendamiento.
En caso de incumplimientos, Action Logement asume el pago de la renta y negocia con el inquilino para solventar la situación. Este modelo también protege contra daños en la vivienda, consolidando la confianza entre arrendadores y arrendatarios.
Situación del mercado en España
El precio medio del alquiler en España se situó en 13,13 euros por metro cuadrado a finales de 2024, alcanzando máximos históricos. Esto implica que el alquiler mensual de un piso medio ronda los 1.050 euros, cifras inalcanzables para muchos jóvenes cuyos salarios están por debajo de los 1.500 euros netos al mes. Además, la demanda de vivienda quintuplica la oferta, según datos del sector.
La garantía pública propuesta por el Gobierno pretende aliviar este desequilibrio, incentivando a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado a precios más bajos y brindando a los jóvenes mayores opciones para acceder a una vivienda digna.
La experiencia de las comunidades autónomas
Algunas comunidades autónomas ya han implementado medidas dirigidas a fomentar el alquiler asequible. En Baleares, el programa Lloguer Segur garantiza a los propietarios el pago completo de la renta mientras alquila las viviendas a precios reducidos, asumiendo una parte del costo. Por ejemplo, si el precio de mercado es de 1.000 euros, el Gobierno autonómico cubre un 30%, permitiendo que los inquilinos paguen 700 euros al mes.
Aunque el enfoque difiere del sistema de garantía pública propuesto a nivel nacional, ambas iniciativas comparten la meta de incentivar el alquiler y aumentar la oferta de viviendas accesibles.
La implementación de una garantía pública como la francesa en España podría beneficiar tanto a propietarios como a inquilinos. Por un lado, los propietarios contarían con la certeza de recibir sus rentas, incluso en caso de incumplimientos. Por otro, los inquilinos, especialmente los más jóvenes, tendrían acceso a una mayor oferta de viviendas a precios ajustados a su capacidad económica.
Sin embargo, también existen retos. La dotación presupuestaria necesaria para financiar este sistema es considerable, y su éxito dependerá de la colaboración entre administraciones públicas y el sector privado. Además, la resistencia inicial de algunos propietarios a adaptar sus condiciones al nuevo marco podría retrasar su aplicación generalizada.
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