Bono social de la luz en 2025: requisitos para solicitarlo y cuál es el descuento en la factura

El bono social de la luz es una ayuda económica promovida por el Gobierno para reducir el impacto de las facturas eléctricas en los hogares con menos recursos. Este beneficio está dirigido a los consumidores considerados vulnerables, y para el año 2025 se mantendrán importantes medidas de apoyo como respuesta a la crisis energética desatada por el conflicto en Ucrania.

El bono social está diseñado para aquellos consumidores que enfrentan dificultades económicas o sociales, y que cumplen ciertos requisitos relacionados con su situación personal y contractual. En primer lugar, para acceder a este beneficio, es imprescindible que la persona solicitante sea titular del contrato eléctrico y tenga contratada la tarifa regulada, conocida como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), ofrecida exclusivamente por comercializadoras de referencia como Curenergía, Régsiti o Energía XXI.

Además, el bono social solo se aplica a la vivienda habitual del solicitante, quedando excluidas segundas residencias, y la potencia eléctrica contratada debe ser igual o inferior a 10 kW. También se deben respetar los límites de consumo establecidos para cada tipo de unidad familiar, como un máximo de 1.587 kWh al año para hogares sin hijos o 4.761 kWh al año para familias numerosas. Por encima de estos límites, la energía consumida se facturará al precio habitual de la tarifa regulada, sin descuentos.

El factor determinante para acceder al bono social es la renta anual de la unidad de convivencia, comparada con el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Según los ingresos y el tamaño de la familia, se clasifica a los solicitantes como consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. Sin embargo, hay excepciones: las familias numerosas, los pensionistas con pensión mínima y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son considerados automáticamente elegibles si cumplen el resto de los requisitos, sin necesidad de ajustarse a los criterios de renta.

Los descuentos que otorga el bono social varían según el nivel de vulnerabilidad del consumidor. Durante el primer semestre de 2025, los consumidores vulnerables recibirán un 50% de descuento en su factura eléctrica, mientras que los consumidores vulnerables severos disfrutarán de una reducción del 65%. Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2025, estas cifras se reducirán al 42,5% y al 57,5%, respectivamente.

A pesar de esta reducción progresiva, los descuentos continúan siendo significativamente superiores a los niveles previos a la crisis energética, cuando los consumidores vulnerables solo recibían un 25% de descuento y los vulnerables severos un 40%. Además, el bono social se complementa con el bono social térmico, cuya ayuda mínima ha aumentado de 25 euros a 40 euros en 2025, beneficiando también a los hogares que utilizan energía para calefacción, agua caliente o cocina.

El proceso de solicitud del bono social es sencillo, aunque requiere cumplir con ciertos trámites. Primero, es necesario completar un formulario específico proporcionado por las comercializadoras de referencia y acompañarlo con la documentación que acredite la situación del solicitante. Entre los documentos requeridos se encuentran el DNI del titular y los miembros de la unidad familiar, el certificado de empadronamiento, el libro de familia, y otros justificantes según la situación (como el título de familia numerosa o el certificado de pensión mínima).

Una vez recopilados estos documentos, deben enviarse a la comercializadora correspondiente a través de los canales habilitados, como correo electrónico, correo ordinario o atención presencial. La resolución de la solicitud no debería superar los 10 días hábiles desde su recepción.

El bono social tiene una vigencia de dos años, salvo en el caso de las familias numerosas, que lo mantienen siempre que conserven su título. Desde 2025, las comercializadoras de referencia están obligadas a renovar automáticamente el bono social para aquellos beneficiarios que continúen cumpliendo los requisitos. Además, los hogares acogidos a esta ayuda no podrán sufrir cortes de suministro eléctrico por impago hasta el 31 de diciembre de 2025, ofreciendo una red de protección adicional a los más vulnerables.