Hidrovía: la Justicia afirmó que no hay irregularidades ni direccionamiento y el proceso de licitación comenzará a definirse en febrero

La justicia federal argentina determinó que no hay irregularidades ni direccionamiento en la licitación de la Hidrovía del Río Paraná, y el proceso continúa su curso y se espera que comience a definirse en febrero.

El fallo responde a una medida cautelar de Dredging Internacional (DEME), una de las empresas que busca quedarse con el dragado de la vía navegable estratégica por la que transita el 80% de las exportaciones nacionales.

DEME pidió la suspensión del procedimiento porque consideró que había “defectos y arbitrariedades que, de no corregirse a tiempo, convertirán a la Licitación en una mera formalidad” y que “los requisitos que surgen del Pliego son irrazonables, ya que establecen un sistema de puntos que beneficia abiertamente al actual dragador de la VNT [vía navegable troncal] y a su grupo económico, porque da preferencia a la supuesta experiencia del actual operador, otorgándole una ventaja artificial por sobre el resto de los posibles competidores”.

La referencia es Compañía Sud Americana de Dragados, subsidiaria local de Jan de Nul, que hace 30 años opera la vía y pretende seguir haciéndolo.

Hoy se supo que el juez federal de turno, Enrique Lavie Pico, rechazó la cautelar.

“No se advierte del Pliego de Bases y Condiciones -a simple vista- las irregularidades alegadas por la parte actora, como así tampoco la supuesta intención de redireccionar la licitación para, en definitiva, favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio de dragado de la vía troncal de navegación, como señala en su presentación”, destacó el fallo.

“Además, cabe señalar que la apertura de ofertas ocurrirá recién el 12/02/2025; por lo que tampoco se advierte ni es posible conocer, en esta oportunidad, la empresa que será la nueva prestataria del servicio de dragado; como así tampoco se encuentra debidamente evidenciado que la Administración no vaya a resolver -en tiempo oportuno- las impugnaciones realizadas al proceso licitatorio en sede administrativa”, agregó.

Finalmente, el juez argumentó que “la parte actora no cumplió con la carga de poner en evidencia, de manera circunstanciada, la ilegalidad y arbitrariedad que invoca como fundamento de su pretensión, en forma clara e inequívoca”.

Como se explicó, el próximo 12 de febrero se abrirán los sobres con las ofertas de las empresas interesadas en operar esta ruta fluvial, y se espera que para finales de abril se adjudique la concesión por un período de 30 años. Este proyecto es gestionado por la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), un organismo que centraliza las funciones portuarias y de navegación bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La ANPyN fue creada tras la disolución de la Administración Nacional de Puertos (AGP) y otras dependencias relacionadas, como la Subsecretaría de Vías Navegables y el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina). Este reordenamiento, según fuentes oficiales, busca simplificar las tareas administrativas y operativas, un reclamo que había sido planteado por cámaras de navegación y actores del sector portuario.

La nueva agencia está dirigida por Iñaki Arreseygor, un abogado con experiencia en la gestión pública, quien anteriormente ocupó el cargo de subsecretario de Vías Navegables.

El proceso de licitación contempla varias etapas, comenzando con la apertura de sobres, seguida de una evaluación exhaustiva de las propuestas. Este análisis podría incluir impugnaciones, lo que podría extender los plazos previstos. Sin embargo, las autoridades confían en que para abril se haya definido la adjudicación de la concesión.

El contrato otorgará a la empresa ganadora la explotación de la vía troncal por tres décadas, lo que implica no solo la operación de la hidrovía, sino también su mantenimiento y desarrollo. Este proyecto es crucial para garantizar la competitividad de las exportaciones argentinas, que dependen en gran medida de esta infraestructura para llegar a los mercados internacionales.

Entre las empresas que participarían del proceso licitatorio están las mencionadas Jan de Nul y la belga DEME, y también las holandesas Boskalis y Van Oord.

La resolución que reglamentó el proceso de licitación establece en su artículo 16° que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda automáticamente fuera de la competencia debido a su carácter estatal.

Shanghai Dredging Co. no opera como una firma privada tradicional. Es una filial de CCCC, una de las mayores corporaciones estatales chinas, que ejecuta proyectos alineados con los intereses estratégicos de Beijing. Además de proyectos de infraestructura como dragado y mantenimiento portuario, CCCC desempeña un papel central en las ambiciones geopolíticas y militares de China.