Días después de la cesación de pagos en tres empresas vinculadas al sector agropecuario, que anunciaron que no podrían afrontar pagarés y obligaciones negociables ante sus acreedores, el Gobierno decidió oficializar un cambio en la normativa para que las reestructuraciones de algunos de los instrumentos de deuda más utilizados en el sector sean más exigentes para los emisores.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) comunicó este lunes que sumará requisitos -en términos del régimen de información hacia los inversores, principalmente- para los procesos de canje o reestructuración para pasivos de empresas que se hubiesen endeudado a través de vehículos como los cheques de pago diferido y pagarés bursátiles.

“La RG N° 1041 realiza ciertas adecuaciones a la normativa, sumando requerimientos a los emisores, a las ALyCs y los mercados involucrados en los procesos de canje de dichos instrumentos, con la finalidad de garantizar la transparencia en dichos procesos y proteger a los inversores”, comunicó el organismo regulador del mercado de capitales.

Fuentes oficiales aseguraron que la publicación de la nueva normativa no estuvo explicado por las cesaciones de pagos en Agrofina y Los Grobo -que anunciaron ante el mercado que no podría pagar sus obligaciones negociables el viernes pasado- sino que el Gobierno ya trabajaba en un reajuste de la normativa desde hace algunas semanas. De todas, sí está más ligado al primer caso de default y reestructuración anunciada, que fue la de la firma Surcos.

La CNV, de hecho, determinó una suspensión provisoria sobre esa compañía y luego un embargo al considerar que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyó un delito al haber emitido obligaciones negociables “sin difundir información que permitiera conocer sobre su real situación financiera”, según reza en la denuncia judicial hecha por el Poder Ejecutivo.

El delito por el que la entidad reguladora denunció a Surcos es el que está tipificado en el artículo 309 apartado 1 inciso B, que prevé penas de entre 1 y 4 años de prisión, una multa equivalente al valor de la operación y la inhabilitación para operar a aquella empresa que “ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.

La CNV planteó que “se busca que los inversores cuenten con información plena, completa y necesaria para la toma de decisiones en relación al canje, introduciéndose pautas mínimas que deberán ser reglamentadas por las ALyCs y los Mercados”, explicó el organismo que preside Roberto Silva. En el Gobierno aseguran que la normativa impactará en las futuras renegociaciones de cheques de pago diferidos y pagarés bursátiles, por los cuales las empresas toman deuda en el mercado en condiciones más laxas que las obligaciones negociables. Surcos defaulteó a principios de diciembre el pago de 3,5 millones de dólares y $9.364 millones de pesos.

Este viernes, dos empresas del grupo Los Grobo (Agrofina y Los Grobo Agropecuaria) informaron a la CNV que, debido a problemas de iliquidez temporal, no podrán afrontar el pago de pagarés bursátiles –instrumentos similares a las obligaciones negociables– por un monto total de 10 millones de dólares hasta marzo de 2025.

“En el marco de un mercado con una retracción desafiante, estamos atravesando una situación de iliquidez transitoria que impacta en el pago de los pagarés bursátiles emitidos por las empresas del Grupo. Estamos trabajando para resolver esta situación y se están analizando todas las alternativas que permitan cumplir con las obligaciones financieras, priorizando nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes”, expresaron desde Los Grobo, compañía controlada mayoritariamente por Victoria Capital Partners.

La discusión sobre la continuidad de los derechos de exportación, más allá de la reciente cesación de pagos en el sector, forma parte de las negociaciones entre el Ejecutivo y las entidades agropecuarias. Desde una de las principales entidades de la Mesa de Enlace coincidieron con el diagnóstico oficial, señalando que se trata de un problema de gestión financiera de las empresas afectadas. No obstante, también manifestaron la necesidad de definiciones por parte del equipo económico en torno a una hoja de ruta más clara para reducir la carga impositiva sobre el agro. En el Gobierno sostienen que no existe una crisis sectorial y atribuyen los problemas en la cadena de pagos del agro a “malas decisiones” financieras de las compañías involucradas.