
El proyecto de Ley titulado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos del presidente Javier Milei, el cual forma parte de la desregulación que puso en marcha el Gobierno prevé el traspaso de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Tesoro.
Las acciones que forman parte de la caja de los jubilados sumaban hasta noviembre último USD 13.100 millones, al cambio oficial, y representan el 17,4% del total del fondo. En La Libertad Avanza afirman que no está previsto, al menos por el momento, vender la participación accionaria en las empresas y ratificaron que los bonos soberanos también serán transferidos.
En su artículo 226, la iniciativa enviada al Congreso consigna: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.
El FGS fue creado en 2007 en el contexto del proceso de estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y el regreso del sistema previsional a manos del Estado. Entre sus activos hay tanto inversiones financieras como porciones accionarias de empresas líderes, que en su momento pertenecieron a las AFJP y desde la estatización quedaron en poder del Estado. Con la renta del FGS se otorgan préstamos a provincias y a los beneficiarios del sistema previsional, y también se giran parte de las utilidades a rentas generales de la Administración Central de Hacienda.
Según un reporte de la conducción de la Anses del Gobierno anterior, a cargo de Fernanda Raverta, el FGS tenía a fines de noviembre un valor de USD 76.000 millones, aunque se aclaró que esa valuación de sus activos se hizo al tipo de cambio oficial de entonces, por lo que ahora con una paridad que pasó de casi $370 a $812,20, es decir, un salto de casi 120%, se estima cayó a USD 34.600 millones, aproximadamente.

Un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que el valor de las acciones en la cartera del FGS sumaba el equivalente de USD 13.100 millones, representa 17,4% del total de activos del fondo. “De esta forma se le otorga al sector privado aquellas acciones en potestad de los jubilados que son sus activos de carácter anticíclico. Para los dueños de estas empresas, la participación de directores en sus filas (derivado del nivel de participación accionaria del Estado en las mismas, que se observa en el cuadro precedente) constituye siempre una intromisión inaceptable del Estado en el sector privado”, precisó el centro de estudios del economista Hernán Letcher.
La mayor participación de el FGS en las empresas, que suman 60,3% del total de las acciones de esa caja según CEPA, se encuentra en: Ternium Argentina, Pampa Holding, Transportadora de Gas del Sur, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, todas sociedades anónimas.
El restante se compone de: Aluar, Banco BBVA, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, Bolsas y Mercados Argentina, Capex, Central Costanera, Central Puerto, Camuzzi Gas, Sociedad Comercial del Plata, Cresud, Consultatio, Cablevisión, Distribuidora de Gas Cuyana, Edesal Holding, Edenor, Edesa Holding, Emdersa, Naturgy, Grupo Clarín, Holcim (Argentina), IRSA Propiedades Comerciales, Ledesma, Loma Negra, Metrogas, Mirgor, Molinos Agro, Molinos Agro (5 votos), Molinos Río de La Plata, Molinos Río de La Plata, Metrovías, Grupo Concesionario Del Oeste S.A., Importadora y Exportadora de la Patagonia, San Miguel, Grupo Supervielle, Telecom Argentina, Transportadora de Gas del Norte, Transener, Banco de Valores, YPF y Playas Ferroviarias de Buenos Aires.

El FGS puede ser utilizado “para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para hacer frente a los compromisos asumidos en la Ley 27.260 de Reparación Histórica, invirtiendo en proyectos e instrumentos que promuevan el desarrollo de la economía argentina y del mercado de capitales local de largo plazo”, según la Anses.
El proyecto de Ley Ómnibus del presidente Javier Milei también dispone la derogación de diversos artículos de la Ley 24.241 que regula el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, los que establecen limitaciones y prohibiciones a la hora de invertir los fondos jubilatorios. También contempla la suspensión de la fórmula actual de movilidad jubilatoria, y sustiturla transitoriamente por aumentos por decreto.
Además, el texto del proyecto denominado “Consolidación de la deuda del sector público nacional”, establece la cancelación total de las deudas intra sector público. Su texto señala que se consolidarán en el Estado Nacional “las tenencias de títulos de la deuda pública” en manos de todos los organismos estatales y del ya mencionado FGS de la Anses.
Esa obligación abarca a toda la Administración Pública Nacional, las empresas y sociedades del estado, así como también los entes públicos y los fondos fiduciarios en los que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria. Todos esos organismos deberán transferir los títulos públicos que tengan en su poder a una cuenta del Tesoro Nacional. Los únicos exceptuados a esta regla serán el Banco Central, y los bancos y aseguradoras con participación estatal.
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