Cielo Rusinque, superintendente delegada para la inspección de mercados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), denunció públicamente que enfrenta intimidaciones y una campaña de desprestigio encaminada a influir en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos de vehículos blindados para la Unidad Nacional de Protección (UNP).
A través de un video difundido en sus redes sociales, Rusinque explicó que estas acciones buscan debilitar la labor de la Superintendencia y frenar el control institucional sobre el mercado, afectando la supervisión de procesos que involucran billones de pesos destinados a la protección de personas cuya integridad está en riesgo.
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Estrategia de intimidación y asedio jurídico
Según la funcionaria, la información sobre un plan para manipular su capacidad de decisión fue revelada por un reconocido abogado penalista del país. De acuerdo con Rusinque, la estrategia consiste en desplegar ataques coordinados que proyecten la imagen de una funcionaria que actúa de manera ilegal o arbitraria, incluyendo acciones disciplinarias y penales, aun cuando carezcan de fundamento normativo.
“Pretenden enredarme y desgastarme mediante la instrumentalización del aparato judicial, pasando de investigadora a investigada, con el propósito de desviar la atención de los procesos que adelantamos en la entidad”, afirmó Rusinque.
La superintendente denunció además un componente de descrédito mediático, citando una reciente publicación de la revista Cambio como ejemplo de cómo se busca cuestionar la legalidad de las actuaciones de la SIC mientras se resaltan las posiciones de los investigados.
En este sentido, sostuvo que el titular y el contenido de la publicación se centraron de manera malintencionada en los puntos de vista de los involucrados en las investigaciones, omitiendo la fundamentación legal que respalda la labor de la Superintendencia.
Respaldos legales e institucionales
Rusinque enfatizó que las afirmaciones sobre la supuesta falta de competencias de la SIC carecen de sustento jurídico. Recordó que la legalidad de las visitas administrativas y del ejercicio de inspección y vigilancia ha sido respaldada por decisiones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otros tribunales, además de estar amparada por la Constitución, la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011.
“No estamos ante un debate de opiniones, sino ante hechos normativos y judiciales verificables”, aseguró la funcionaria, comparando la desinformación sobre la SIC con sostener que el sol sale de noche. Además, recordó que incluso un exsuperintendente como Pablo Felipe Robledo ha reconocido la validez legal de las actuaciones de la Superintendencia en esta materia, pese a discrepar del proyecto político actual.
Riesgos para la seguridad personal
Cielo Rusinque también denunció que los ataques no se limitan al plano jurídico o mediático, sino que representan riesgos reales para su seguridad. Según la funcionaria, hace unos meses fue objeto de seguimiento por sujetos armados en motocicletas de alto cilindraje que intentaron vulnerar su esquema de protección cerca de su domicilio.
La superintendente advirtió que estas amenazas podrían estar relacionadas con la intención de neutralizar o cooptar instituciones encargadas de la supervisión del mercado, generando un entorno en el que la corrupción y la impunidad podrían prosperar.
Defensa de la institucionalidad
A pesar de las intimidaciones, Rusinque reafirmó que la Superintendencia continuará cumpliendo con sus funciones de inspección, vigilancia y control, protegiendo a los consumidores y desmantelando estructuras que se apropian de recursos públicos de manera irregular.
La funcionaria subrayó que la presión mediática y jurídica no alterará el cumplimiento del marco normativo y judicial vigente, ni la prioridad institucional de garantizar mercados regulados y transparentes.
En un comunicado complementario en redes sociales, Rusinque sostuvo que se trata de “un plan sistemáticamente orquestado por estructuras de poder que buscan paralizar las decisiones sobre investigaciones que implican recursos públicos destinados a la protección de personas cuya integridad corre peligro”.
Contexto institucional y legal
La denuncia de Cielo Rusinque se enmarca en investigaciones sobre colusión en contratos de vehículos blindados para la UNP, donde la SIC ha ejercido su autoridad de control sobre las empresas involucradas.
La funcionaria enfatizó que las acciones coordinadas en su contra buscan vaciar de contenido la capacidad institucional de la Superintendencia, reduciéndola a una entidad de papel, mientras los hechos públicos y verificables demuestran la legalidad de su actuar.
Rusinque concluyó que estas presiones evidencian la tensión entre grupos de poder económico y la labor de control institucional, y subrayó la importancia de que las investigaciones continúen en el marco de la ley y la jurisprudencia, sin interferencias externas que comprometan la transparencia en la contratación pública y la protección de ciudadanos en riesgo.
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